Pareciera que los colombianos nos estamos mal acostumbrando a que cada fin de año el Gobierno nacional, a manera de “aguinaldo navideño”, expida toda una serie de normas jurídicas orientadas a “premiar” a las compañías mineras por su aporte a la “protección y conservación ambiental” y castigar a las entidades territoriales por su obstinación en defender el medio ambiente y la soberanía sobre su territorio.
La más reciente, el decreto 2220 de 2015 expedido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, mediante el cual se establecen disposiciones para los proyectos de interés nacional y estratégicos (Pine), validados por la Comisión intersectorial de infraestructura y proyectos estratégicos (Ciipe) y serán competencia exclusiva de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) en todo lo que corresponda al trámite de Licencia Ambiental o permiso para el uso, aprovechamiento y/o afectación de los recursos naturales renovables, antes competencia de las Corporaciones Autónomas Regionales.
Como si fuera un “trabalenguas” la nueva norma establece, palabras más palabras menos, que de acuerdo con el Conpes, los Pines serán objeto de validación y seguimiento por la Ciipe, hasta que logren su licenciamiento por parte de la Anla, quien ahora tendrá esta competencia de manera integral y exclusiva, sustrayendo de esta manera funciones propias de las CAR. ¿Entendió?. Seguramente no mucho (yo tampoco), pero esta explicación sucinta que tratamos de realizar (sin éxito), nos muestra cómo esa “telaraña jurídica”, tejida para sostener los pesados rieles de la locomotora minera está predeterminada para que su descarrilamiento sea inminente.
Este nuevo decreto entra a complementar y repotencializar la agilidad y rapidez en el trámite de las polémicas “licencias exprés” promovidas por el presidente Santos para los grandes proyectos mineros, petroleros y de infraestructura declarados como de interés nacional, reduciendo aún más los tiempos para el trámite y otorgamiento de licencias ambientales.
Estas son, en criterio del Gobierno nacional, las “ventajas” de simplificar el ordenamiento jurídico y asegurar la “eficiencia económica” del sistema legal. ¿A qué costo?. Sin lugar a dudas a uno exageradamente superior al beneficio que se espera recibir.
Como el ratón que cuida del queso, compañías mineras como Anglogold Ashanti y Eco Oro (antes Greystar), entre muchas otras, hoy se lamen los bigotes al saber que proyectos de explotación aurífera como La Colosa y Santurbán se librarán de las “incómodas” Corporaciones Autónomas Regionales (que ya ni son autónomas ni tienen competencias regionales), quienes en defensa de los páramos, las montañas y los ecosistemas estratégicos que ellas albergan se habían convertido en una molesta piedra en el zapato para avanzar en sus voraces propósitos.
Queda demostrado que para el actual Gobierno en nuestro país la descentralización territorial y administrativa son cosas del pasado; que el futuro de las regiones no lo definirán sus habitantes, sino una camarilla de funcionarios estatales (asesorados por las propias compañías mineras), en la oficina de algún ministerio o agencia nacional en Bogotá y que la soberanía popular, uno de los principales y más importantes baluartes de nuestra Constitución Política, pretenden convertirla en un saludo a la bandera. Estamos dispuestos a permitirlo?. Dejo este interrogante con la intención de despertar a los tolimenses frente al confuso presente que estamos viviendo y el oscuro futuro que nos espera si desde la sociedad civil no hacemos algo. #NoPasarán.
@camilodelgadoh
Comentarios