Nunca en su historia política el partido Liberal Colombiano había atravesado una situación jurídica tan compleja como la que actualmente está viviendo y que lo tiene ad-portas de perder su personería jurídica, de no darse antes del próximo 8 de julio estricto cumplimiento al fallo judicial proferido en marzo del 2015 por la Sección Tercera del Consejo de Estado, dentro de la acción popular presentada contra el Consejo Nacional Electoral y la Dirección Nacional del Partido, donde este máximo tribunal amparó los intereses colectivos relacionados con la moralidad administrativa, presuntamente violentados por las entidades demandadas.
En síntesis, el Consejo de Estado concluyó que con la reforma a los estatutos del partido Liberal llevada a cabo en el mes de octubre de 2011, mediante Resolución firmada por el entonces Director Nacional Rafael Pardo, se vulneró gravemente la moralidad administrativa toda vez que la Dirección Nacional se amparó en el deber legal de ajustar los estatutos a lo establecido por la Ley Estatutaria 1475 de 2011 (por la cual se adoptan reglas de organización y funcionamiento de los partidos y movimientos políticos), para imponer unilateralmente la sustitución de las reglas internas, con violación de los principios constitucionales, eliminando el Tribunal Nacional de Garantías, para continuar aplicando indebidamente los estatutos que el suprimido órgano declaró contrarios a la ley.
Adicionalmente declaró que la Asamblea Liberal Constituyente convocada para noviembre de ese mismo año, con el fin de “ratificar” la cuestionada reforma estatutaria, agravó la violación de la moralidad iniciada por la Dirección Liberal y que el Consejo Nacional Electoral actuó con favorecimiento indebido al proceder con el registro de dichos estatutos pese a tales circunstancias, razón por la cual ordenó a las entidades demandadas adoptar las medidas necesarias para hacer cesar dichas vulneraciones.
A pesar de los recursos y solicitudes de nulidad interpuestas por la colectividad roja, la sentencia está en firme y las obligaciones impuestas a las directivas del partido de cumplir con la decisión del Tribunal de Garantías que declaró ilegal la resolución mediante la cual expidieron los estatutos y el deber de ajustarlos en el plazo de un año a la ley, siguen sin cumplirse, situación que generó una decisión judicial sin precedentes como fue la suspensión, horas antes de iniciar, del VII Congreso Nacional del partido Liberal convocado para el pasado 14 y 15 de mayo, por decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, hasta tanto se hagan los ajustes necesarios, se garanticen los derechos de las personas que estaban designadas o elegidas antes de la discutida reforma estatutaria y se avance en el cumplimiento de lo ordenado por el Consejo de Estado.
Mas allá de la indignación que esta situación causó en varios de los actuales dirigentes del Partido, y la molestia de quienes fuimos convocados para dicho Congreso, como Liberal considero que llegó el momento de dejar de lado los egos y las vanidades y avanzar todos los sectores del liberalismo en la conformación del Comité de verificación ordenado por el Consejo de Estado, el cual deberá estar dirigido por un magistrado del Tribunal de Cundinamarca, que permita no solo cumplir con lo ordenado por la justicia colombiana, sino evitar la pérdida de la personería jurídica y unir, de una vez por todas, el ya resquebrajado y dividido partido Liberal, reto inmenso pero no imposible si verdaderamente existe voluntad de sus dirigentes.
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