Han pasado más de tres semanas y media desde que los colombianos decidieron en el plebiscito del pasado 2 de octubre la no refrendación popular de los acuerdos suscritos entre el Gobierno nacional y la guerrilla de las Farc Ep y la incertidumbre jurídica y política sobre el futuro del proceso de paz continúan.
Mas allá del ajustado resultado, la discusión sobre su carácter vinculante y la legalidad del Acuerdo luego de la jornada electoral, hoy seguimos en un limbo jurídico sin conocer de manera clara y concreta cuáles son esas propuestas de los promotores del no que nos permitirán “renegociar” los acuerdos firmados en Cartagena, renegociación que no puede ser simplemente “cosmética”, sino basarse en los cuestionamientos que existan sobre los ejes centrales del acuerdo: Reforma rural integral; Participación política; Cese al Fuego definitivo y dejación de las Armas; Solución al problema de las drogas ilícitas y el narcotráfico; Reparación de las víctimas; Justicia transicional y los Mecanismos de implementación y verificación del Acuerdo Final de Paz y de resolución de diferencias. Es decir, construir sobre lo construido y no dejar perder, bajo ninguna circunstancia, el camino recorrido.
Es un imperativo que después de toda esta confusión se logre un acuerdo pronto, sin mayores dilaciones ni alteraciones a las condiciones generales, logrando un consenso entre todas las fuerzas políticas y el Gobierno nacional que permita superar la tensión y desconfianza que siempre ha existido sobre la negociación y que, así suene incómodo, convenza a la Farc (nuestra contraparte) de su desmovilización y dejación definitiva de armas.
No todo lo que se está planteando por los promotores del no resulta viable, pues implicaría desconocer aspectos fundamentales del proceso de negociación como la necesidad de una jurisdicción transicional autónoma e independiente, la creación de un Fondo de Tierras, como parte de la reforma rural, conformado por los baldíos indebidamente apropiados con ocasión del conflicto armado y la participación política, entre otros; pero existen algunas propuestas interesantes derivadas de elementos que hacen parte sustancial del acuerdo inicial que ameritan se avance en esta nueva fase del proceso denominado “Pacto Nacional por la Paz” y que nos permita poner fin a más de 52 años de guerra con este grupo al margen de la ley.
Nos encontramos en una etapa crucial donde nadie cuestiona ni descalifica que la negociación debe continuar, despejando dudas, mitos y temores para construir confianza. Esto no es un proceso dialéctico-político, aquí no se está gestando una revolución “leninista-marxista-castro-chavista”, la implementación de una “dictadura del proletariado” y mucho menos la eliminación del Estado de Derecho como hace un par de días lo afirmaba el expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez en un reconocido programa radial, aquí estamos reconstruyendo un nuevo consenso que nos permita encontrar el camino hacia la paz. El tiempo corre, la comunidad internacional aguarda y los colombianos esperamos actos de grandeza de nuestros gobernantes y representantes que permitan anteponer por encima de las profundas diferencias políticas existentes el bienestar y desarrollo de todo un país que anhela con ansias vivir en paz.
Profesor Universitario
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