¿Cuáles son las prioridades hoy en día? La infraestructura, las grandes avenidas, Llenar ciudades como la nuestra de edificios y centros comerciales, mejorar las coberturas (que no es lo mismo que la calidad) en los servicios públicos.
Pero ¿y nuestros niños qué? ¿realmente se están priorizando sus derechos? Porque pareciera que todo simplemente se está quedando en retórica.
Un reporte del 9 de agosto pasado del Canal RCN dio cuenta de que cuatro menores de 10 años fueron rescatados de un inquilinato en el barrio Combeima de Ibagué. Llevaban dos días encerrados y sin alimentos. La madre de los pequeños gozaba de prisión domiciliaria pero desapareció, y el padre está detenido en la cárcel de Picaleña.
Trece días después, el portal Cambioin.com aseguró que la Secretaría de Educación local guardaba silencio ante las denuncias periodísticas sobre supuesto maltrato físico a un menor de dos años con discapacidad en un colegio.
Y el 23 de agosto, el periodista Mauricio Vargas, de Ondas de Ibagué, publicó en su cuenta de Facebook varias fotografías en las que, según él, se muestra los alimentos que consumen “nuestros niños y niñas de Ibagué (…) en instituciones como Germán Pardo García sede Las Mercedes”. En general, en las imágenes, que causaron indignación en las redes sociales, se observan frutas podridas, panes deteriorados y bolsas de avena vencidas.
Casos similares abundan no solo en Ibagué, sino en todo el país, por lo cual hay que preguntarse: ¿Habrá derecho a que se trate así a lo más preciado que tiene una sociedad, es decir, los niños?
Nadie puede aspirar a tener una mejor ciudad, ni un mejor país, si su infancia está descuidada.
¿Qué se debe hacer entonces para garantizar el adecuado desarrollo de los niños? ¿Cómo trabajar desde lo local y lo nacional para evitar la desnutrición o el maltrato infantil?
La Constitución es clara en su artículo 44: “Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás”. Por lo mismo, las autoridades deben enfocar sus esfuerzos no solo en destinar los recursos para la protección de la niñez, sino en garantizar que dichos recursos no se queden en manos de los corruptos y lleguen a sus destinatarios: los niños.
Casos como el ocurrido en Ibagué en el que se entregaron desayunos descompuestos en las escuelas pone en duda que se esté cumpliendo adecuadamente con este mandato constitucional. No se puede tolerar que un contrato de alimentación escolar incumpla con las condiciones de idoneidad y calidad necesaria para la atención de los estudiantes y ponga en riesgo la salud de los niños.
Además, cualquier país realmente comprometido con la paz debe proteger a sus niños, quienes serán los responsables de dirigirlo en el futuro. El Gobierno nacional y las autoridades locales tienen la obligación de tomar acciones, porque no hay justificación alguna para que se sigan presentando casos de niños maltratados, desnutridos o intoxicados en Colombia.
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