Rendirse no es una opción. Por el bien de la ciudad, la Administración y el Concejo deben perseverar en la protección del agua, la salud y el medio ambiente.
Es indudable que la minería se salió de madre, hasta la explotación legal. Por mucho que las empresas mineras pretendan hacer bien las cosas, las consecuencias para el medio ambiente son evidentes. Eso ya no tiene discusión.
No se pueden bajar los brazos por el hecho de que el Gobierno departamental haya demandado ante el Tribunal el acuerdo 012 de 2017, porque a pesar de aquello, se cuenta con las herramientas jurídicas desde lo local para proceder.
En primer lugar, está ese cambio fundamental que se dio entre las constituciones de 1886 y 1991 en lo que tiene que ver con la propiedad del subsuelo. Ya no se puede decir que la propietaria del subsuelo es exclusivamente la Nación, sino que ahora también lo son las entidades territoriales. En tal sentido la Corte se ha pronunciado sobre cómo desde 1991 ya no se hace referencia a la Nación, sino al Estado como propietario.
También se debe tener en cuenta el argumento de la propia Corte cuando, analizando los efectos de la minería en el suelo, concluyó que es imposible pensar en intervenir el subsuelo sin afectar el suelo. Son indiscutibles los cambios en un territorio cuando se permite o no la minería.
Adicionalmente, no se puede olvidar que los municipios están facultados para ordenar sus territorios a través de los planes de Ordenamiento Territorial y los instrumentos que los desarrollan.
Por otro lado están observaciones en lo presupuestal expuestas por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Pero en tal sentido, faltaría más que primaran en esta decisión los efectos que tiene en el presupuesto nacional el impedir la minería, a otros más relevantes como las afectaciones en el agua, la salud y el medio ambiente padecidas desde lo local.
Muy recomendable en esta discusión resulta la Sentencia T-445 de 2016, proferida por la Corte Constitucional, que precisamente allanó el camino para que los municipios no continúen siendo convidados de piedra en el tema de la minería.
Si el round lo pierde el medio ambiente, será más por cuestiones de forma que de fondo. En tal caso, y así suene exagerado, no hay que descartar la opción de avanzar, no en la aprobación de un acuerdo que se limite a prohibir la minería, sino uno que modifique el POT actual (revisión), para lo que obviamente se deberá proceder conforme a la Ley 388 de 1997 y sus decretos, tanto en su trámite, como en su adopción y contenidos.
Y si ese tampoco resulta ser el camino correcto, pues habrá que seguirlo buscando. Fácil no será, pero imposible tampoco. Y de lo que si podemos estar seguros, es que cuando lo encontremos, las próximas generaciones lo agradecerán.
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