“Póngale freno allá en el Congreso a los alcaldes, porque todos los años se les va la mano con el predial”.
La frase es de don Luis Ramírez, un propietario de una vivienda en la Comuna 7 de la capital tolimense, quien al igual que muchos propietarios de inmuebles en ciudades como Ibagué, está desesperado por los incrementos desbordados del impuesto predial.
En el 2018 la Plaza de Bolívar no dio a basto cuando miles de personas protestaron frente al Palacio Municipal por aumentos que superaron el 700% con respecto al año inmediatamente anterior. Se quemaron recibos, se corearon arengas y finalmente el clamor popular obligó a la Administración Municipal a echarse para atrás.
Pero un año después, estamos en las mismas con los mismos. Tal parece, que no aprendieron la lección, y vuelven a cometer las equivocaciones que generaron precisamente una movilización sin precedentes en Ibagué.
Es lamentable que se pierda de vista el punto de partida para el cobro de cualquier impuesto, como lo es la capacidad de pago.
Que saca un municipio con imponer tributos que son impagables, si finalmente de lo que se trata es de recaudar, no de tener unas cifras con unos recursos inflados, que jamás ingresarán a las arcas oficiales.
Tal y como lo demostramos en el debate que llevamos a cabo en el Congreso de la República el año anterior, es un hecho, que el impuesto predial se está volviendo impagable para los propietarios de los inmuebles, por lo mismo, es urgente y necesario ponerle límites.
Es muy grave que hoy en día una familia prefiera invertir sus ahorros en un bien distinto a un inmueble, sencillamente por la carga tributaria. Es decir, no solamente se está afectando a los propietarios actuales de los inmuebles, sino también se está impidiendo el acceso a la vivienda a toda la población.
Subir el predial el 200, 300 y hasta el 700 por ciento, llevar el rango del tributo al tope (16x1000), y como si fuera poco, cobrar valorización, ahuyenta de plano a cualquier potencial comprador de una vivienda. Con este panorama, se seguirán llenando las ciudades de carros y de motos, mientras los jóvenes continúan viviendo en arriendo o en las casas de sus papás.
Tener una casa no es un lujo, sino un derecho fundamental, por lo mismo actualmente cursa en el Congreso un proyecto de Ley presentado por el Centro Democrático para acabar con estos abusos. Al proyecto en mención, le falta el último debate para convertirse en Ley de la República, lo cual seguramente ocurrirá en este primer semestre del año.
Saque de Banda: Los alcaldes deben tener claro que es en la austeridad y el ejemplo en primera persona en la lucha contra la corrupción donde están realmente los recursos que se necesitan para las obras y no en el golpeado bolsillo de los contribuyentes.
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