Eso es lo que se plasma en la aprobación del punto dos de la agenda correspondiente a los diálogos de La Habana, por parte de los delegados del Gobierno y de las Farc. Es una luz encendida en medio de la oscuridad de ese túnel de la violencia de tan prolongado tiempo en Colombia. 

La violencia que en el país ha acompañado en diferentes etapas el ejercicio de la política ha resquebrajado la democracia. Y muchas veces ha convertido al propio Estado en instrumento de represión para privilegiar intereses contrarios a los de la mayoría de la Nación. 

La restricción de las libertades y la negación de derechos, bien sea desde el propio Gobierno, como ha ocurrido, o proveniente de grupos armados con fines criminales o de insurrección contra el Establecimiento, ha dejado un remanente de quiebra de la seguridad, que debiera ser denominador común de la sociedad. 

Es la violencia atravesada en las ruedas de la historia para provocar descarrilamiento. 

Es la violencia para contrariar las posibilidades de cambio o de construcción de condiciones que garanticen la protección de la vida y de la dignidad del ser humano. 

Blindar la política en Colombia de garantías para cerrarle espacios a la violencia es fortalecer la democracia. Puede estar allí el punto final de las recurrentes escaladas de barbarie. O de las complicidades de políticos con grupos al margen de la ley. O de las turbias alianzas de los barones electorales con activistas de la corrupción. O de gestores de todo tipo de trapisondas, con las cuales se busca capturar el poder y ponerlo en función de fines que tienen el alcance de la perversión y de la infamia. Como el robo de tierras a los campesinos. Si se consolida la abolición de las armas en la política, puede alcanzarse el nunca más de los abusos de poder, o de las prácticas de exterminio del narcotráfico, que con Pablo Escobar llegaron hasta la aberración extrema.

El nunca más también del secuestro, de la extorsión, del exterminio de partidos, como se hizo con la UP. El nunca para más de crímenes de lesa humanidad, de los cuales son numerosas las víctimas en Colombia. 

Política sin armas, con respeto por las diferencias, bajo el signo de la convivencia, sin padrinos que compran votos para luego reponer su inversión a través de la contratación oficial. Es desmontar todo un sistema de presiones que tiene de trasfondo la violencia. Sin duda, lo acordado en La Habana en la pasada ronda de negociación pone a Colombia en la perspectiva del fin de lo que se ha vuelto abyecto y cruento en la política. 

Puntada: La denuncia que compromete a un frente de las Farc en un posible plan para atentar contra el expresidente Álvaro Uribe y el fiscal Eduardo Montealegre debe llegar a precisiones que le den certeza a la versión. Es algo que no puede quedar al vaivén de las hipótesis frágiles.