El procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, no solamente tiene conductas que agudizan su dogmatismo religioso y que lo convierten en un oscurantista de horca y cuchillo, sino que también asume el autoritarismo como pauta de gobierno para imponer sus ´verdades´, que son sus caprichos o expresiones de una ideología que tiende a la opresión.
La gestión de Ordóñez en la Procuraduría no ha sido la de un docto jurista, sino más bien, la de un obsesivo cazador de brujas, en el empeño de sacar del camino a sus contrarios, con esa intolerancia propia de quienes hacen votos de fanatismo para subyugar a lo que escoge como enemigos. Eso explica sus sanciones dictadas con criterio discriminatorio selectivo.
A Ordóñez no se le ha visto defender los derechos fundamentales de los colombianos consagrados en la Constitución. Pero si se ha plegado a los dictados de las corrientes de derecha, como aliado de las causas opuestas a que la nación impulse políticas para el fortalecimiento de la democracia.
La confirmación del protagonismo desatinado del Procurador es su amenaza a los servidores públicos que expresen apoyo a la paz, como si esta no fuera un derecho constitucional sino un mal nacional.
Semejante postura encarna una intención dañina de muy graves efectos. Por lo mismo no se puede ser indiferente ante tal ligereza, que tiene tanto de mezquindad como de provocación.
Querer ver en las negociaciones de paz que adelantan en La Habana el Gobierno y las Farc una finalidad inconveniente, es no solamente una equivocación garrafal, sino también un empeño de mala fe.
Lo que se quiere acordar es una solución integral al conflicto armado que se ha extendido por más de medio siglo. Y no se trata solamente de la desmovilización militar de los combatientes sino también de reformas que desmonten tantos atrasos que atrapan a los colombianos.
Oponerse a la paz con argumentos que son deleznables ante la evidencia de su falsedad es hacerle el juego a la guerra. Es querer que se repitan los ciclos de violencia y que los criminales que amparan privilegios abusivos continúen en su carrera de exterminio.
Es una paradoja abismal esa de que quien tiene por función defender a los ciudadanos y a la sociedad en general de todo aquello que socave sus derechos, se sume a la causa contraria, movido por el afán egoísta de una aspiración de poder, en la posibilidad de ensanchar beneficios para su círculo partidista o de clase, siempre en contra de la mayoría desprotegida.
El caso del Procurador es de cuidado. Y no debe perderse de vista. Hay que salirle al paso en defensa de la democracia y de la vida.
El tema, claro está, debe debatirse abiertamente, en forma libre, sin restricciones, sin ejercer intimidación sobre nadie.
Comentarios