En el papel, la idea es impecable: nadie firma un acuerdo de paz para irse preso, y por eso debería permitirse que el Estado prometa no castigar a quienes opten por dejar las armas. Este es el sentido de la “justicia transicional” y del proyecto de Acto Legislativo que está a punto de aprobar el Congreso. Simplemente se trata de no investigar todos los delitos, de no iniciar todos los juicios o de no ejecutar todas las penas: sería el precio de la paz.

Pero, aún en el papel, hay por lo menos tres complicaciones gordas: ¿Qué estamos dispuestos a perdonar? ¿Quién garantiza que tendremos paz?, y ¿quién puede perdonar en nuestro nombre?       

-En un país serio, lo primero sería objeto de un hondo debate ético. Pero digamos que el asunto no es moral sino político, y que cada Estado perdonará lo que sea necesario para convencer a los armados de firmar la paz. O sea que un Estado débil, como Colombia, perdonaría casi todo -y ha perdonado todo en los “procesos de paz” recientes o lejanos.

-Para que la oferta de perdón sea atractiva se necesita que la contraparte esté interesada en obtenerlo y -sobre todo- que el Estado pueda concedérselo. Pero resulta que los insurgentes buscan  reformas o poder político antes que (o más que) un perdón judicial de sus delitos; y sobre todo resulta que los negociadores son mandos responsables de las atrocidades que cometió su grupo, de suerte que aunque el Estado los perdone serían reos de la justicia internacional.

-Lo tercero (¿quién puede hablar por las víctimas?) sería otro debate ético. En un Estado de derecho serían los jueces quienes deciden cuándo cabe el perdón. Esto no es claro en el texto del Proyecto, pero sí es claro que será el Gobierno el que oriente y controle los procesos.

Esto es así porque quien negocia la paz debe ser el Presidente: la paz es un asunto político -o el asunto político por excelencia-. La política implica pulsos concretos de fuerza, negociación flexible, detallada y ajustada a las peculiaridades, las exigencias y el poder relativo de la contraparte. Por eso no hay procesos de paz en abstracto. Por eso en todas partes del mundo se hace primero el acuerdo, y después se plasma en leyes.

Por eso hay tanta confusión sobre el proyecto: cada quien piensa, sin decirlo, que se trata de perdonar a alguien distinto: a los jefes de las FARC,  a los guerrilleros rasos, a los paramilitares, parapolíticos o para-empresarios que faltan, a las Bacrim, a los autores de ‘falsos positivos’, al coronel Plazas, o en general a los soldados y policías envainados a raíz del conflicto.

Por eso cada quien mete una cláusula. Por eso en cada vuelta la derecha y la izquierda coinciden y discrepan. Por eso todos acabarán votando a favor del Proyecto. Y por eso el resultado ya lo conocemos: más impunidad y poca paz para Colombia.