Cinco mil propuestas de la ciudadanía relacionadas con el primer tema de la agenda –Desarrollo Agrario Integral - planteado en los diálogos de paz que el Gobierno del Presidente Santos adelanta con las Farc, han llegado a la mesa de conversaciones. En verdad,  son muchas y la tarea de clasificación temática de las mismas  resultara siendo bien dispendiosa y complicada. Obvio,  se encontrarán propuestas de todo tipo, desde las puntuales de ayuda personal y familiar (construcción de vías, redes de mercadeo, huertos escolares) hasta las que vislumbren una estrategia de desarrollo integral para el campo colombiano. 

Indiscutiblemente, el tema de la tenencia de la tierra será uno de los temas esenciales de discusión. Lo ha sido en Colombia desde siempre, cuando de reforma agraria se ha tratado en recintos gubernamentales, académicos o parlamentarios. Hace ya varias décadas -lo mismo que ahora- para importantes y poderosos sectores vinculados con el campo, el tema de la propiedad de la tierra no debe hacer parte de ningún tipo de discusión ni consideración en este tipo de análisis y discusiones. En el lejano pasado, la reforma agraria debía de adelantarse –para algunos de aquellos polemistas- en terrenos baldíos o abriendo selva y ganando terrenos para la explotación agrícola. Para otros, con buena argumentación, donde existan explotaciones que generen riqueza y empleo, el asunto de propiedad de la tierra se vuelve preocupación de segundo o tercer orden.

Decíamos, que ese punto de la tenencia de la tierra en Colombia, polarizará necesariamente el debate agrario que se adelanta en Cuba. Y, lo difícil lo constituye el hecho por demás comprobable que esa discusión terminará inexorablemente en planteamientos relacionados con la visión de un determinado modelo de desarrollo para el país. Y más complicado aún: el gobierno no discutirá asuntos que tengan que ver con el modelo de desarrollo. La discusión entonces, se vislumbra larga, complicada y tensa. 

Dentro de la montaña de propuestas ciudadanas sobre el tema agrario, ya se mencionan algunas ligadas al asunto de la propiedad: que cada familia tenga derecho a un mínimo vital de tierra de una UAF, que ningún colombiano pueda poseer más de 100 hectáreas, que una empresa no pueda poseer más del 10 por ciento del territorio de un municipio, entre otras muchas propuestas ligadas a estas consideraciones. Urge entonces, el apoyo académico para tratar con criterios serios, estos asuntos. 

De lo contrario, el atolladero ideológico y político  podría ser desastroso para un futuro cercano de paz y reconciliación nacional.