El único tema noticioso lo constituye el aumento de penas: obstrucción de vías pasa de cuatro a cinco años, microtráfico de seis a nueve, extorsión de 12 a 24, sin hablar de los asuntos relacionados con minería, contrabando de combustibles, modificaciones al Código de Infancia y Adolescencia, donde como cosa rara el asunto novedoso lo constituye el mismo asunto. Lo mismo que antes, o de casi siempre en estas áreas del derecho penal.

Estas propuestas de salidas gubernamentales se presentan como respuestas ante el desespero de la ciudadanía frente al impacto publicitario –y por demás real- de la criminalidad y las violencias en la vida cotidiana de los colombianos, por lo general precedidos de algún impactante hecho de repercusión periodística a nivel nacional e internacional: el inhumano atropello sexual contra niñas y niños viabiliza la petición de pena de muerte para violadores; los homicidios contra personas en circunstancias especiales que ofenden la racionalidad humana impulsan el requerimiento de cadena perpetua para los criminales; y, ahora último, los desmanes cobardes de vándalos antisociales y enfermos mentales camuflados en justas y legales movilizaciones populares conllevan al Ministro de Defensa –en ese obvio y justo ambiente de indignación –a presentar reformas orientadas al endurecimiento punitivo. Nada más. Pero nada menos inservible para solucionar las causas que originan esos efectos de violencia.

En sociología jurídica a esta alternativa –por demás errada- de enfrentar fenómenos de violencia acudiendo exclusivamente al aumento de penas se le ha denominado “populismo punitivo”. 

Pero, el asunto va más allá: involucra aspectos de gobernabilidad. Y en ese sentido, grados de aceptación o de rechazo de medidas gubernamentales. También, certeza de sentirse protegido por el Estado. De ahí, que involucre sensaciones de bienestar, de estado de ánimo tendiente al optimismo, o sea, de euforia pasajera como bien lo definió el Profesor Jorge Nef, en nuestro caso de “euforia punitiva”.

Pero también el endurecimiento punitivo toca fibras psicológicas de venganza de las masas. Rodrigo Uprimny Yepes, comentó en alguna de sus sabias columnas, que en 1990 en una mesa de trabajo para presentar ideas a la Asamblea Constituyente, alguien propuso “que se estableciera la pena capital, con métodos que causen dolor y sufrimiento, para aquellas personas que cometan delitos considerados horrendos”.

Palabras más, palabras menos, algo cierto en relación con la propuestas de aumento de penas (ojo con caer en el error de Maduro) para combatir el crimen y la violencia, es que ayuda al crecimiento de favorabilidad en las encuestas de los gobernantes. Lanza globos de aire que buscan expandir sensaciones de seguridad. Esa puede ser una razón que justifique la inutilidad del proyecto de Ley presentado por el Ministro de Defensa.