El proceso de afianzar los partidos políticos como eje fundamental de la vida democrática en Colombia, avanza en forma lenta, pero avanza. Antes de la Constitución de 1991 los caciques electorales elaboraban e inscribían las listas a Concejo, Asamblea, Cámara y Senado, según su personal saber y entender. Inimaginable para las nuevas generaciones la existencia de esos procesos caudillistas de conformación de listas a corporaciones públicas. Para bien de la democracia colombiana, avanzamos en el fortalecimiento de los partidos, en cuanto se ha logrado democratizar ese procedimiento de conformación e inscripción de candidatos en los respectivos procesos electorales. Y también, colocado serias talanqueras a prácticas ya superadas en las cuales los candidatos podían cambiar de partido un día antes de la inscripción de listas o inscribirse por una circunscripción electoral -departamental o municipal- a la que nunca antes habían visitado y en la cual no residían.

El Congreso ejerce su papel fundamental de legislar. Algunos congresistas, -quizás la inmensa minoría- tienen claro su papel constitucional en este sentido. Otros -quizá la inmensa mayoría- lo valoran en cuanto instancia que permite ayudar al desarrollo de su regiones, y otros, -no sabemos cuantos pero existen- como una plataforma de enriquecimiento personal. De ahí, que los partidos tengan la obligación de conformar sus listas en armonía con sus concepciones de Estado y Sociedad, y afortunadamente así parece que se piensa en algunas organizaciones partidistas con listas de alcance nacional.

Si bien es cierto que la contienda electoral para elección de Presidente está centrada en la opinión pública sobre el tema de la paz, la legislativa atadas obvio a la anterior controversia, tiene juego propio y por demás decisorio, a partir de sus Representantes y Senadores elegidos: preparar la estructura institucional para hacer viables las propuestas de sus partidos, y claro está en un caso por demás especial y macondiano en nuestra patria, de su caudillo. Palabras más, palabras menos: reformar la Constitución Política de Colombia, acorde con sus propuestas electorales.

La denominada “derecha” buscará, entre otros objetivos, institucionalizar la reelección indefinida del Presidente, limitar los alcances de la Tutela con el argumento de afianzar reglas fiscales e impedir reformas que según su concepción permitan la consolidación constitucional de impunidad frente a delitos de lesa humanidad. Por otra parte, una corriente que se podría denominar social democrática, propenderá -a través de sus partidos- fortalecer los principios teleológicos de la Constitución de 1991, abrir espacios para la reincorporación de ciudadanos a la vida civil luego de posibles acuerdos de paz y emprender reformar económicas y sociales. Esta podría ser la ubicación histórica de la importancia del próximo debate para elección de congresistas, que constituye motivo de preocupación nacional, pero de absoluto desinterés regional, por lo menos en lo que al Tolima se refiere, en los temas relevantes de opinión pública.