Vuelve y juega la iniciativa legislativa de Reforma a la Justicia. No es cosa nueva, por cuanto ya ha sido presentada, - y se ha hundido - 10 veces durante los últimos 20 años de nuestra historia legislativa. Por ello, la pretendida reforma, desde ya corre el riesgo de ser otra vez una buena botada de corriente parlamentaria, y nada más. Con el agravante de que en esta oportunidad se encuentran radicados tres proyectos, cada uno con su propio tiempo y juego: la del Gobierno, la de Cambio Radical y la del Centro Democrático. Y su acumulación en un solo, se visualiza casi imposible, por las propuestas de por sí excluyentes, abanderadas por el Centro Democrático, en especial en lo referido a la eliminación de las Cortes Suprema y Constitucional.
De verdad, como lo ha sostenido el magistrado Luis Guillermo Guerrero, el tema es muy serio y en esos asuntos no se puede improvisar. La vía lógica y previa, con el acumulado histórico ya conocido, radica en presentar el Proyecto de Reforma a la Justicia, previamente consensuado con la intervención de profesionales expertos en el tema y la participación real y eficiente de voceros de la rama Judicial en todas sus instancias. No de cualquier improvisado – o improvisada – politiquero – o politiquera – de turno, sin conocimiento de la cuestión.
Desde ya existen puntos de acuerdo, que han pasado con visto bueno el filtro académico, sobre aspectos puntuales: la necesidad de reformar las funciones electorales de las Cortes; los imprescindibles ajustes al Consejo Superior de la Judicatura; constitucionalizar la Comisión Interinstitucional de la rama Judicial; el fortalecimiento de las primeras y segundas instancias sin alterar la estructura de la cúpula de la administración de justicia. Y otros interesantes, aún en discusión, como los relacionados con la elección del Fiscal y magistrados de las cortes.
No será fácil sacar adelante la reforma. El proyecto presentado por las ministras del Interior y de Justicia, sustentado en tres ejes fundamentales: transparencia, eficiencia, calidad en la administración de justicia y seguridad jurídica, no fue consensuado, aunque si fue consultado con las cortes. Esta propuesta gubernamental, choca en temas fundamentales con la iniciativa de 41 artículos presentada por el Centro Democrático –partido del Presidente y sus connotados jurisconsultos Paloma Valencia y José Obdulio Gaviria.
En especial, en lo relacionado con la supresión de las cortes, para crear una especie de Supercorte, el Tribunal Constitucional Supremo, iniciativa abanderada con entonado y vociferante acento por Paloma, que al igual que las otras palomas de la Plaza de Bolívar en Bogotá, acostumbran a atentar sutilmente contra la majestuosidad arquitectónica de estructuras y estatuas célebres de la institucionalidad colombiana.
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