Operación Merlano

La crónica de fraudes electorales es larga, y va desde la expedición de cédulas de ciudadanía falsas, hasta la posibilidad de que puedan votar los muertos. De hecho, nunca se ha podido sincerar el censo electoral. La más reciente joya fue precisamente la discrepancia entre la Registraduría Nacional y el DANE, cuyos registros muestran una diferencia de ¡cinco millones de personas! Diferencia que se zanjó con un pacto de silencio entre las dos entidades. Aún así, ni nos sonrojamos y se nos llena la boca afirmando que somos la democracia más ejemplar de América Latina, lo cual no resiste ningún análisis serio.

La violencia política, el fraude descarado, la intimidación a los electores y la perniciosa influencia del dinero, bien o mal habido, conforman una tradición legendaria. La compraventa de votos en Colombia ha tenido como epicentro de todas las triquiñuelas posibles a la costa Caribe, y su más reciente icono es el tristemente célebre caso de la ex senadora Aida Merlano, que compromete a las poderosas familias Char y Gerlein. Sin embargo, lo que está sucediendo en otras regiones, podría hacer que dicha triquiñuela sea un jugo de aprendices, si se le compara con casos como el que sucede en nuestra patria regional.

La actual campaña política pasará a la historia como aquella en la que en el Tolima se batieron todos los récord en politiquería, compraventa de líderes y electores, constreñimiento a empleados y contratistas públicos, participación descarada en política de funcionarios nacionales, departamentales y municipales, en una carrera demencial de “todo vale”, anulando el mínimo asomo de discusión programática.

Y esto se hace a plena luz del día, con la pasiva complicidad de los organismos de control, que nunca ven ni saben nada, porque como lo dije hace unos días hacen parte del juego. Los alcaldes, en lugar de gobernar e intentar solucionar los problemas que agobian a los ciudadanos, se han convertido en vulgares tenientillos electorales, con aspiraciones delirantes. La contratación de órdenes de prestación de servicios ha sobrepasado todos los límites. Ibagué, es uno de los casos paradigmáticos, pero no el único. Si hubiese una investigación sobre qué oficio o función desempeña la mayoría de personas contratadas, la Procuraduría encontraría cómo armar más de una investigación.

Hay una operación Merlano en curso. Por un día, solo por un día, bajará de manera sensible el desempleo en el Tolima, pues se contratarán más de 30 mil personas para la movilización electoral, como impulsadores y testigos, a los que les han ofrecido pagar entre 50 y 100 mil pesos. Cerremos esta nota para la posteridad, con una frase de Martin Luther King: “Nuestra generación no se habrá lamentado tanto de los crímenes de los perversos como del estremecedor silencio de los bondadosos”. Los hechos que aquí consigno, son un secreto a voces.