La bomba del agua

Guillermo Pérez Flórez

Si algún asunto amerita atención pública es el relacionado con el agua. Es un lugar común decirlo, pero sin agua no hay vida. Desde hace algunos años se vienen incubando gravísimos problemas relacionados con la gestión de este recurso vital en todo el país, y el Tolima por supuesto no es la excepción.
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Diferentes municipios tienen graves problemas de calidad y de abastecimiento de agua. Existen dos indicadores relacionados: I. el Irca (Índice de Riesgo de la Calidad del Agua), una herramienta cuantitativa para determinar el riesgo de enfermedades relacionadas con el consumo de agua, y II. El Iraba (Índice de Riesgo de Abastecimiento de Agua), mide el riesgo de enfermedades por razones de abastecimiento.

El Irca está estructurado sobre 100 puntos, cero es la mejor calificación y cien la peor. En un informe del Ministerio de Salud, publicado en 2019 (con datos de 2017), encontré algo alarmante: de nuestros 47 municipios cinco estaban en una categoría de “inviables sanitariamente”, la cual se asigna a los que tienen entre 80,1 y 100 puntos. 

Ellos son: Cajamarca (86,6); Planadas (86,7); Roncesvalles (87,4); Valle de San Juan (84,9), y Villarrica (95,5). La tragedia no paró ahí, pues otros siete municipios tenían calificación de alto riesgo, entre ellos Ibagué (45,0), que según el más reciente informe de 2020 tiene un Irca urbano de 46,1 y un Irca rural de 72,9, muy cerca de entrar en la peor categoría. Aquí es necesario hacer una precisión, se mide el Irca urbano y rural, y el de ‘prestadores registrados’ y el ‘auto abastecedores’, es decir, acueductos comunitarios. Pues bien, el sector rural de Ibagué está en alto riesgo. En suma: Ibagué tiene el peor Irca de las 32 capitales de departamento, tres veces el de Puerto Carreño (Vichada).

En materia de riesgo por abastecimiento la situación es crítica. Se han hecho desarrollos residenciales sin servicio de agua.

Existen casos muy ilustrativos: el conjunto Altos de Miramar, el conjunto Alminar Samoa y la urbanización la Arboleda Campestre.

Estas situaciones han sido estudiadas  y denunciadas por la Contraloría General de la República, pero al parecer nadie lee sus informes. Han llegado a situaciones extremas, como tener que cocinar con agua de la piscina. En Ibagué existen cuarenta barrios con problemas de racionamiento. En febrero de este año, la Gerente del Ibal dijo que estaban buscando recursos para solucionar este problema, el cual era de vieja data. Según la funcionaria, hace unos 4 o 5 años se hicieron unas aprobaciones de planes parciales de vivienda, y se entregaron disponibilidades hidrosanitarias para 46 mil soluciones de vivienda, sin tenerla.

Si las fuerzas vivas de la ciudad no reaccionan, en Ibagué va a estallar un problema social y sanitario de grandes proporciones. Los gremios económicos, las universidades, las empresas constructoras y la ciudadanía en general deben autoconvocarse para buscar soluciones ciertas, transparentes y perdurables. Llevar el agua en carrotanques o hacer pozos profundos no es una solución. Hace unos días, el Alcalde de la ciudad anunció que abrirá una licitación por 24 mil millones de pesos, para culminar las obras del acueducto complementario, una obra que se suponía había dejado lista la anterior administración.

La cuestión es más grave de lo que parece. Nos falta hablar de los críticos problemas de alcantarillado y de sus repercusiones ambientales. Ojo con el agua.  

GUILLERMO PÉREZ

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