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Una de las más desprestigiadas y con menor credibilidad es la Procuraduría General de la Nación, cuya principal función es vigilar las conductas de los funcionarios y de los particulares que ejercen funciones públicas. Es tan ineficiente que muchas personas han propuesto eliminarla, entre ellas Juan Manuel Galán. Es una entidad burocratizada que cada día nos cuesta más. En 2016, sostener ese elefante blanco nos valía 500 mil millones de pesos, este año nos costará un billón de pesos. ¿Y para qué? Para nada. Para alimentar clientelas. El 24 de diciembre pasado, Duque le dio a su procuradora subalterna un regalito: 1.208 nuevos cargos, porque solo así podía ella cumplir la famosa sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, proferida a raíz del caso Petro. Dentro de esos nuevos cargos, 20 de ellos fueron para el despacho de la procuradora. Por fortuna, ella, muy pulcra, ética y diligente, los nombró a todos por méritos y no por política. (No se rían, por favor).
Esta semana, a la Procuradora subalterna le dio por ejercer, y en un proceso súper exprés jamás antes visto, suspendió al alcalde Daniel Quintero, por presunta participación en política, porque el funcionario publicó un video diciendo: “el cambio, en primera”. Esta señora, que en la pasada campaña no vio la vulgar intervención en política de cientos de servidores públicos, comenzando por el presidente Duque; que no vio la cantidad de contratos adjudicados para beneficiar candidatos al Congreso; que no vio cómo se burló la ley de garantías de manera descarada y contrariando la constitución, razón por la cual Fajardo denunció a Duque ante la Comisión de Acusaciones, que es otra caricatura; que no vio cómo extorsionaron contratistas y prestadores de servicios, exigiéndoles plata y votos, ahora le da por ver y de ¡qué manera! Y como había que aparentar, suspende también al alcalde de Ibagué, quien le hace campaña al candidato uribista, desde hace meses, con quien se identifica. Pero una cosa es un video diciendo lo que dijo Quintero, y otra presionar a los contratistas para forzarlos a ir a reuniones políticas y conseguir votos, como lo hizo Hurtado. En fin, sobra cualquier comentario. Ustedes saben de qué estoy hablando.
La Procuradora no tiene competencia para suspender funcionarios de elección popular. Desde el punto de vista jurídico, es una decisión inconstitucional, y desde la perspectiva política una torpeza, pues le da un empujón a Petro, quien ha salido en defensa del alcalde de Medellín; además, le ha hecho un pase-gol, dándole la oportunidad de que recorra el mismo camino de Petro frente a Ordoñez. Ya hay quienes afirman que será candidato en 2026. Para completar la caricatura, Duque, contrariando la ley y la voluntad popular, encarga a un funcionario de una corriente opositora a Quintero. Duque y sus áulicos, con la procuradora a bordo, atropellan el estado de derecho, sin siquiera sonrojarse.
La decisión de la procuradora subalterna es descabellada, y ella una mala caricatura de lo que debería ser un Procurador.
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