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En la corona española existió una institución llamada Juicio de Residencia, procedimiento judicial al que debían someterse los altos funcionarios (virreyes, presidentes de audiencia, oidores, alcaldes, alguaciles, carceleros) al retirarse de los cargos. Originalmente lo adelantaba quien iba a sustituirlos, y se llamaba de residencia porque obligaba al investigado a permanecer en la ciudad mientras se adelantaba el juicio, en el cual podía participar la comunidad.
La institución hunde sus raíces en las Cortes de Toledo de los Reyes Católicos en 1480 y estuvo vigente en el derecho indiano hasta 1812, cuando las Cortes de Cádiz la abolieron (miren qué paradoja). En la Nueva Granada fue recogida en la Constitución de Mariquita de 1815, lo cual habla bien de José León Armero. El juicio de residencia tuvo inspiración monárquica, pero un sólido componente popular, dado que en él los funcionarios dan cuenta de sus actos directamente al pueblo.
Los historiadores han encontrado raíces de esta institución en la constitución del emperador Zenón en el año 475. Llegó a la legislación castellana a través de las Siete Partidas. Eran auténticas rendiciones de cuentas. No como hoy que son una burla a la ciudadanía y un acto de politiquería ramplona. Dichos juicios tenían como finalidad controlar el poder y exigir responsabilidad por los daños derivados de su ejercicio público. Eran tan rigurosos que en algunos casos ni siquiera la muerte del residenciado ponía fin al proceso y sus herederos debían responder por las multas impuestas.
He vuelto a mirar esta figura ahora que se requiere repensar los órganos de control, Procuraduría General de la Nación y Contraloría General de la República. Entidades sobre las que pesa el cargo de ser parte del régimen corrupto que nos gobierna. Cada día se generaliza la convicción de que lo mejor que puede hacerse con ellas es acabarlas. Es posible que esto finalmente no suceda y es una verdadera lástima. Combatir la corrupción es una tarea que no puede posponerse, por nobles y urgentes que sean otros puntos de la agenda, como la lucha contra el hambre, el cambio climático, la paz o los derechos humanos, y dentro del sistema actual no hay salvación. A grandes males grandes remedios.
Estos organismos deben liquidarse y en su lugar darles dientes a las propias comunidades, para que los reyezuelos de pacotilla no se burlen de ellas y teman al control popular. Establecer los juicios de residencia es una opción. Si existieron durante más de tres siglos algo bueno tendrían. A los corruptos todo les resbala porque saben que nada les va a pasar.
Presidente Petro, respetuosamente, no espere a montar una Comisión Internacional contra la impunidad con el apoyo de la ONU como en Guatemala. Aproveche este momento, muéstrele al país que el cambio va en serio. La ciudadanía conoce quiénes son, qué hacen y dónde viven los corruptos. Tengan la seguridad de que si Duque y sus áulicos pudieran ser objeto de un juicio de residencia no estarían haciendo lo que con total desfachatez hacen, en una actitud arrogante y desafiante. Quizás haya llegado el momento de la justicia ciudadana.
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