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Para ponerlos en contexto, en Colombia, como en la mayoría de los países del mundo, el seguro agrario (por ser muy costoso) es subsidiado por el Estado. La ventaja de este esquema, es que el Gobierno se coloca en una posición favorable para establecer “a priori” el presupuesto necesario para ayudar al desarrollo de su política de distribuir ayudas para hacer frente al cambio climático o catástrofes que pueden abatirse sobre la actividad agraria.
A partir de ese momento debería dejar de pagar ayudas “extraordinarias” a los agricultores si éstos han tenido la posibilidad de “comprar un seguro subsidiado”. Quien debe poner la cara a partir de ese momento es el sector asegurador.
Otra de las grandes ventajas de los sistemas de seguros agrarios, es que el Gobierno, reduce automáticamente su contribución económica. Pues, sólo paga los subsidios al costo de la prima y no el resto de ayudas “extraordinarias” que pagaba antes sin control, con criterio político de manera injusta. No tenía en cuenta, por ejemplo, la buena gestión de unos, frente a la mala gestión de los otros: igualaba a todos por abajo.
Estos sistemas de seguros agrarios también tienen unas enormes ventajas para los agricultores. La solvencia mejora frente a los bancos que saben que en caso de un siniestro climático el agricultor podrá obtener recursos para hacer frente a sus deudas. Además, reciben la indemnización en un plazo mucho menor si fuera el Estado, quien tuviera que tramitar las ayudas. En España o Estados Unidos, por ejemplo, pagan a los 30 días de finalizada la cosecha -que es cuando se puede fijar el daño definitivo en la caída de la producción-.
Se preguntaran ustedes, ¿y dónde está el problema?. En que en este país “todo lo perratean” me dijo el arrocero. En lenguaje costeño, “perratear”, es hacerle trampa a las normas para ganarse un billetico.
Todos los años Finagro, entrega un subsidio que va entre el 50% y el 90% sobre el valor de cada póliza que expidan las compañías aseguradoras a los agricultores en unas zonas y cultivos determinados por ellos. Como no existen criterios técnicos y control en campo, no faltan los avispados que determinan un precio más alto de la póliza al inicio de las siembras, basado en un cálculo actuarial y unos mapas de riesgos que nadie conoce. Adicionalmente, imponen un deducible sobre el margen de perdida totalmente subjetivo y desventajoso para el agricultor.
En el caso de los arroceros del Casanare, el productor debe tener una afectación del cultivo por debajo de los 47 bultos por hectárea, de 80 bultos que normalmente recogen por hectárea. Algo totalmente absurdo. En los demás cultivos ocurre lo mismo.
Bajo este esquema de seguro agrario, nuestros agricultores no tendrán nunca cómo recuperar parte de los ingresos de sus cosechas cuando son afectadas por riesgos climáticos o fitosanitarios. Ojalá corrijan rápido este perverso esquema de subsidio.
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