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La jefe de la cartera agropecuaria sueña con convertir a Colombia en una potencia agroalimentaria; implementar el punto uno del acuerdo de paz de la Habana, referente al desarrollo rural integral y a la reforma agraria; promover en los municipios rurales del país la creación de empresas que presten servicios de siembra y cosecha de cultivos; atajar la inflación regulando las exportaciones de ganado en pie, sustituyendo las importaciones de granos, cereales y fertilizantes, mediante el fomento de la producción nacional de materias primas y bioinsumos.
En la entrevista, le faltó mencionar cuál va a ser su estrategia para impulsar la inversión en reservorios, canales y sistemas de riego, infraestructura de secamiento y almacenamiento, vías de acceso, investigación y transferencia de biotecnologías, capacitación y emprendimiento rural, esquema de crédito y coberturas de riesgos (climático y de mercados), para garantizar la financiación de las explotaciones agrarias y proteger las rentas de los productores del campo.
Soñar no cuesta nada, pero querer cumplir este sueño cuesta mucho dinero. Comprar 500.000 hectáreas, por ejemplo, de buena calidad de suelos, cercanas a las cabeceras municipales o vías pavimentadas, para adjudicar a campesinos sin tierras o con tierras insuficiente, requiere un presupuesto mínimo de 10 billones de pesos y otros 10 billones adicionales para financiar los proyectos productivos que se vayan a desarrollar.
Una manera de reducir esta enorme inversión, es organizar varios núcleos o clústeres agroindustriales en la altillanura. Allá las tierras son baratas y aptas para producir los 6 millones de toneladas de maíz y soja, que la industria de alimentos balanceados está importando anualmente desde los Estados Unidos, Argentina y Brasil, para poder producir 17.000 millones de huevos y 2 millones de toneladas de carnes de pollo, cerdo, bovino y pescado, anualmente.
Este desarrollo agroindustrial, requiere adicionalmente, la construcción de un terraplén de 251 km entre puerto Gaitán (Meta) y La Primavera (Vichada), un par de puentes y el dragado en varios tramos del río Meta para convertirlo en una vía fluvial permanente de 848 km para embarcaciones de 2.000 toneladas. Estudios oficiales, calculan una inversión superior a los 120 millones de dólares. La adecuación de los suelos (enmiendas), infraestructura de secamiento y almacenamiento, maquinaria, reservorios y canales de riego, requiere un presupuesto de incentivos y cupos de créditos blandos a largo plazo, para que el sector privado pueda desarrollar estas áreas agrícolas.
El sueño de la ministra Cecilia -que también es el sueño de todos los productores y empresarios del campo-, apunta a definir una política de ordenamiento del sector productivo en el mediano plazo, con unos instrumentos de ayuda que deben implementarse para enfrentar los problemas coyunturales del sector, para darle un impulso a la agricultura familiar campesina y empresarial. Sin duda alguna, es la mejor estrategia de mantener el empleo del sector, el desarrollo rural y el equilibrio territorial. Para materializar este sueño, la ministra debe definir el “cómo, dónde, cuándo, con quienes y con qué” plata cuenta. Si el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, no le garantiza los recursos oportunamente, ese sueño puede terminar en pesadilla.
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