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El nuevo absurdo del ejecutivo contra el Caribe desconoce sin miramientos las dificultades que enfrenta la región y el impacto económico que tendrá este tributo sobre las familias afectadas.
A la ya grave crisis energética que viven estos dos departamentos, ahora el gobierno le suma el ¨regalito¨ de un nuevo cobro, trasladándole a los contribuyentes una carga que no le corresponde, en una vía que además de no estar terminada y tener más de la mitad en calzada sencilla, cuenta con cinco peajes. Las alertas se han disparado tras las recientes declaraciones del director de Invías, Juan Carlos Montenegro, quien afirmó que los topes máximos de la valorización estarían entre uno, dos o máximo tres impuestos prediales de lo que se paga en el territorio. Cobros que serán impagables.
Aunque la ministra de Transporte, María Constanza García Alicastro, defiende a capa y espada la llamada Contribución Nacional de Valorización, argumentando que se ajusta a los preceptos establecidos en la Ley 1819 de 2016, cada día se unen más expertos al rechazo de este cobro. Hay tanta obstinación nos preguntamos: ¿Qué tiene contra el Caribe la ministra de Transporte que insiste, sin escuchar razones, en cargarnos un cobro injusto y desproporcionado? ¿Por qué iniciarán la implementación de este instrumento de valorización en los departamentos de Atlántico y Bolívar?
Existen serias dudas acerca de la destinación del recaudo final, que se proyecta en $1,2 billones aproximadamente, todas ellas sembradas por la característica desinformación de los ministros del gobierno. En un principio dijeron que los recursos recaudados a través de este instrumento de valorización, serían destinados a otras regiones del país y aunque, después salieron a enmendar el error, asegurando que serían invertidos en el Caribe, no hay claridad en el tema, ni se sabe cuáles serán los proyectos en los que se invertirán los dineros.
En la región, coincidimos en que la Resolución 2615 del 27 de junio de 2024 de Invías, infringe varias normas, decretos y leyes, además de presentar vicios en su formulación, carecer de estudios técnicos y socioeconómicos sobre el área de influencia. Actualmente, hay ocho demandas contra la valorización que se encuentran en trámite en el Consejo de Estado, la Corte Constitucional y el Tribunal de Cundinamarca. Esperamos pronto tener un fallo a favor de los atlanticenses y bolivarenses, que tumbe el injusto cobro.
La aplicación de la valorización tendría un impacto negativo para las familias que viven en situación de vulnerabilidad. Se encuentra en riesgo el futuro socioeconómico y competitivo del Caribe, este es un mecanismo vil y tramposo que le hace zancadilla a la región. Pedimos que se desista de esta injusta medida.
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