El equilibrio, la razón, la sindéresis, la independencia y la imparcialidad son características esenciales del buen funcionario público. Son elementos indispensables para el ejercicio de las funciones del Estado, en especial cuando se trata del ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas.
Según el artículo 1 de la Constitución, Colombia es un Estado Social de Derecho, lo que, como lo señala la Corte Constitucional, la acción del Estado debe dirigirse a garantizar a los asociados condiciones de vida dignas.
Para decirlo con toda claridad y sin rodeos: lo que viene ocurriendo en Gaza desde el 7 de octubre es sencillamente brutal e inhumano. De lado y lado, se han cometido y se siguen cometiendo crímenes gravísimos a la luz del Derecho Internacional. Hamás, de manera cobarde y con sevicia, asesinó a cientos de personas civiles indefensas, que participaban en un festival de música, y secuestró a muchos, para usarlos como moneda de cambio contra Israel. Por su parte, Israel inició los bombardeos indiscriminados contra la población civil que habita la Franja, y, además -impidiendo su salida y cualquier tipo de corredor humanitario-, bloqueó la entrada de agua, energía, alimentos, comunicaciones y todo elemento de supervivencia, lo cual implica tortura y condena a muerte para miles de hombres, mujeres, niños, ancianos y enfermos, sin contemplaciones y sin respeto alguno por su vida, su integridad y sus derechos esenciales. Contrariando los principios y reglas fundamentales del Derecho Internacional Humanitario. Lo ha hecho con el explícito respaldo de quienes gobiernan los países más poderosos del mundo, quienes -en vez de exigir y propiciar un cese al fuego- envían armas, hombres, bombas y tanques de guerra para que la masacre continúe. Algo sencillamente salvaje y criminal.
El derecho fundamental a la igualdad es propio de la democracia e inherente al Estado Social de Derecho. Simultáneamente, es un principio básico de nuestra organización estatal y del orden jurídico establecido en 1991.
Angustia, dolor, muerte de miles de personas -inclusive niños, mujeres, enfermos, ancianos, médicos, periodistas- es lo que ha prevalecido durante este interminable conflicto en Israel y en la Franja de Gaza -que, en solo una semana, ha dejado miles de víctimas inocentes, entre judíos, palestinos y visitantes o residentes extranjeros-, sin que se vea próxima alguna solución que proteja de verdad a la población civil y que haga valer los principios y reglas del Derecho Internacional Humanitario.
Lo que ocurre en Israel y en la Franja de Gaza -en donde se han cometido y se siguen cometiendo crímenes de guerra y violaciones de los Derechos Humanos-, como lo que ha venido sucediendo desde hace más de un año en Ucrania, y lo que a diario sucede en Colombia -en un conflicto que guerrilleros y paramilitares no quieren terminar- no es otra cosa que la vulneración ostensible de claras reglas del Derecho Internacional Humanitario, que busca proteger a la población civil.
Ha sido reiterada mi posición en cuanto a las sentencias de la Corte Constitucional en las que se decide que una norma declarada por ella inexequible -en cuanto viola la Constitución- sigue vigente, por efectos diferidos del fallo en el tiempo, durante uno o más años.
Decíamos en recientes columnas que nuestra democracia garantiza -y así lo plasma en la Constitución- todos los derechos y las libertades públicas, sin discriminaciones, pero que -contra sus valores y principios- en Colombia se están perdiendo las proporciones y se ha llegado al absurdo de considerar que la única manera de hacer valer los propios derechos consiste en bloquear, interferir, desconocer y violar los derechos y las libertades de los demás, en particular cuando se trata de personas, instituciones o entidades cuyas ideas y criterios no se comparten. Grave y peligrosa equivocación que la sociedad debe corregir con prontitud.
Debo comenzar reiterando que las redes sociales, con las facilidades que ofrece la tecnología, constituyen importantes modalidades de comunicación entre las personas -de las cuales no disfrutábamos hace unos años-, y que resulta muy valioso su aporte al ejercicio de derechos fundamentales como la libertad de expresión y el derecho a la información, además de facilitar el control ciudadano sobre quienes ejercen el poder en sus distintas manifestaciones.
