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La cabeza de Estado, mandatario de todos los colombianos, no tiene inconveniente en intervenir abiertamente en el proceso electoral y hacer proselitismo político utilizando los medios con los que su autoridad civil lo privilegian.
Durante años, el señor Gustavo Petro fue perseguido por la extrema derecha colombiana, que por poco impide su elección como presidente. Sin embargo, en la decisión más antidemocrática de su vida política, ahora decide pagar con la misma moneda. La diferencia es que su objetivo no son solo sus contrincantes de aquella época (algunos hoy aliados de las maquinarias clientelistas de su Administración), sino también los candidatos del centro del espectro político.
La incoherencia cobra sentido si se tiene en cuenta que la polarización es una estrategia que sirve a los extremos. En esto Álvaro Petro es Gustavo Uribe. Las marchas del pasado 27 de septiembre se inspiraron (al menos eso parece) en la marcha contra las Farc de 2008, que contaba con el apoyo del presidente de ese entonces. Igualmente, el nombramiento de Laura Sarabia en el Departamento Administrativo de la Prosperidad Social para la repartición de subsidios en pleno año electoral recuerda a las sucias tácticas que se tejieron para lograr la reelección de Uribe. Todo tiene un precio y puede adquirirse con el dinero de los colombianos.
El encuentro denominado Gobierno con el Pueblo, que Petro organizó en diversas localidades de Bogotá, es una tarima de desesperación para detener la caída en picada de la favorabilidad del Pacto Histórico en la opinión pública. Al final del día la Administración nacional es un espacio para todos, incluido Daniel Quintero, quien hoy suena como posible reemplazo de Mauricio Lizcano en el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. Con los problemas que sale de la alcaldía de Medellín, muy probablemente tengan que darle un pasaporte diplomático.
Es así como, amparadas en los fueros constitucionales, las víctimas de ayer están cerca de convertirse en autores de conductas totalitarias prohibidas en el régimen jurídico de los servidores públicos. Como la historia se ha encargado de demostrar que la Comisión de Absoluciones es una institución infructuosa, el futuro de la democracia colombiana está ahora en manos del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos.
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