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Son ya tantos y tan generalizados los casos de corrupción político-administrativa que registra el país, que resulta difícil saber cuáles de ellos deben mirarse con mayor atención y detenimiento, puesto que sus autores se hallan en todos los estratos y militando en la derecha, la izquierda o el centro, aún entre aquellos que dicen cimentar su imagen en la “anticorrupción”, “la pulcritud” y “la transparencia”.
Bástenos ver el reciente escándalo protagonizado por los miembros de la alta clase política del Atlántico y su acceso al Congreso a través de sus “non santos” procederes en el mercado de votos y su puja económica por alcanzar el corazoncito y algo más de la atractiva y seductora Aida Merlano; o el robo a la Refinería “Reficar” en Cartagena consumado allí mismo a orillas del mar Caribe, que llegó a rondar los 5 billones de pesos; o el punible ayuntamiento de las empresas del Grupo Aval Acciones y Valores SA, con la brasileña Odebrecht para “la construcción” de la autopista conocida como “Ruta del Sol”, cuyo costo se estimó en 2.500 millones de dólares; o el saqueo de unos $66 mil millones, tipificado en esta misma musical ciudad mediante el incumplimiento en la construcción de los escenarios deportivos para la realización de los XX Juegos Nacionales y IV Juegos Paranacionales, realizado por el alcalde y sus cómplices aprovechando los diseños y sobrecostos injustificados; o una de las mayores defraudaciones en el sector salud, tan sonada como indignante, la de “Saludcoop”, en la que se extraviaron cerca de $1,4 billones en bonificaciones exageradas, compras de finca raíz, viajes e inversiones en el extranjero; o el bautizado como “el cartel de la hemofilia”, en el que el timo llegó a $86 mil millones, afectando los fiscos de los departamentos de Bolívar, Caquetá y Córdoba, mediante tratamientos médicos para pacientes que resultaron falsos y en el que estuvieron involucrados 10 exgobernadores y varios congresistas; o el de “Interbolsa”, en el que se hurtaron $300 mil millones que pertenecían a inversionistas de dicho Fondo y del Fondo Premium; o el inefable y tan mentado “Carrusel de la Contratación de Bogotá”, que le costó a los capitalinos y al país $2,2 billones en varios contratos de obras públicas, amañados y direccionados por los hermanos Samuel e Iván Moreno Rojas y otras 111 personas involucradas; o el fallido contrato de la “candorosa” exministra de las TIC, Karen Abudinen, en busca “de brindar conectividad gratuita a internet a 94 municipios y 15 departamentos del país que se sumarían a las 1.000 instaladas en el 2019”, mediante el cual se llevó a cabo una cuantiosa defraudación a las finanzas Estatales; todo ello hasta rematar en “el cartel de la Toga”, en el que se vieron involucrados más de 50 funcionarios de la Fiscalía y de varios senadores e “impolutos magistrados”, mostrando de manera palmaria cuanto se han trastocado los valores y alterado negativamente las costumbres, al punto que hoy se puede afirmar sin equívoco alguno que al país lo rigen la axiología del fraude a la ley, el atajo, el soborno, “la mordida”, la compra de conciencias, el uso indebido de los bienes comunitarios y la utilización en provecho propio de los recursos del erario público, como llegó a aseverarlo Álvaro Gómez en vida.
Contexto en el que se van a elegir legisladores y presidente posiblemente sin revisar su pasado, o en las más de las veces a sabiendas de su ilegítimo comportamiento pretérito, o de su contubernio con oscuros negociantes de la violencia y la droga, a los que se les permitirá gobernar, legislar y/o administrar en su favor y en el de su clientela, sin decir nada, por la admiración popular que vienen suscitando tales formas de ascenso, o por apatía frente a estas conductas, cuando no por temor o en agradecimiento por los favores recibidos o por recibir, o lo que es más grave aún: por solidaridad banderiza y de cauda, como lo ocurrido en el reciente pasado con la elección del presidente Samper, y a la mejor manera de lo que alguien llamó “la puerta giratoria”, en la que a su vez los elegidos nombran en los cargos de confianza y manejo a personas que les van a facilitar su predatoria tarea o que les van a colaborar en la misma.
Y mientras tales cosas ocurren, la gran masa a la manera de una comunidad afectada por la garciamarquiana “peste del insomnio”, tolera hasta el silencio cómo se dilapidan sustraen y depredan billones de pesos, sin medir la incidencia que esto tiene en los precarios niveles de desenvolvimiento que muestran todas y cada una de nuestras regiones; en su grado de atraso, y en las altas cotas de pobreza y miseria a que están llegando.
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