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Pero en las escenas de Daumier no apareció un expresidente de la Corte Suprema, prototipo esperado de virtudes, convertido en un personaje que desacredita la majestad de la justicia, precisamente en Colombia acaba de ser condenado por ello un abogado litigante que aprovechó su paso por la alta Corte para, al salir de allí, actuar de manera fraudulenta, manipulando procesos llevados contra congresistas, gobernadores y otros altos funcionarios, aprovechando los contactos que había dejado, para dilatarlos, aparentando actos de defensa, favorecer a sus clientes, mantenerlos en investigación preliminar, etc. Todo a cambio de millonarias dádivas, motivo por el que fue excluido de la profesión por las comisiones de disciplina judicial que operan para el efecto.
El daño irreparable de esta clase excepcional de abogados (antes integrante del llamado ‘Cartel de la toga’) lo hacen a la justicia y a la profesión jurídica, aumentando los prejuicios extendidos en la opinión pública como lo mostraba el artista francés, sacrificando a las mayorías que honesta y merecidamente portan la toga de la justicia y ejercen con altivez la profesión.
Las estadísticas demuestran que no son estas las conductas de un abogado que más se presentan, al igual que los funcionarios judiciales, son investigados y sancionados, generalmente, por negligencia o mediocridad en el desempeño de sus labores; no estudian, no se enteran de los procesos, dejan pasar el tiempo, etc.
Es esta la lógica consecuencia de la situación que viven las profesiones jurídicas en nuestro país. En una reciente investigación de Dejusticia, se concluye que 1) el Estado es incapaz de imponerles un orden, lo cual genera una profesión desregulada, sumada a la resistencia de autorregularse a través de colegiaturas para controlar la calidad de los servicios profesionales y exigir un mínimo de probidad; 2) sufren una segregación clasista y creación de élites egresadas de ciertas universidades privadas con fortalecimiento de los ascensos por clientelismo; ausencia de rendición de cuentas de las altas cortes; 3) tenemos un orden profesional dominado por las reglas del mercado, la mercantilización incontrolada para ingresar a la profesión y falta de calidad de los estudios de derecho, reducción de estándares éticos, con el consecuente desprestigio de los juristas; 4) todo dentro del mercado que genera abuso de las acciones judiciales con la correspondiente congestión en los despachos y la litigiosidad inoficiosa, sobrecargando el sistema judicial que opera con deficiencias estructurales; en fin, con miles de egresados superviviendo en el mercado, y como concluye la investigación citada, con universidades que “pertenecen a prósperas familias de políticos y empresarios, algunos de ellos en la cárcel condenados por corrupción”.
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