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Vale la pena reconocer la seriedad y la celeridad con la cual el Ejecutivo acogió la propuesta que realizamos desde el partido Conservador en crear una política pública para que las personas naturales y jurídicas puedan importar y comercializar los biológicos contra el Covid-19, lo que deberá redundar en salvar más vidas y reactivar el aparato productivo del país.
De esta manera, los gremios de la producción, quienes participaron activamente de las mesas técnicas y elaboraron comentarios ajustados a la emergencia, podrán moverse con libertad y prontitud en la compra y aplicación de las vacunas para sus trabajadores y sus núcleos familiares, con lo que se aceleraría el ciclo de inmunización a partir de los siguientes meses. Las negociaciones externas no serán fáciles debido a la alta demanda de las dosis en el ámbito internacional; sin embargo, Colombia, al reglamentar la participación de particulares, toma ventajas sobre otros países en donde este tipo de iniciativas aún están en fase de consolidación y en las que hay mayores restricciones. A mayor número de vacunas adquiridas podremos avanzar acertadamente en la inmunización de rebaño, disminuir la tasa de mortalidad, reducir la velocidad de los contagios y garantizar la vida de nuestra población. Asimismo, será posible estabilizar la tasa de desempleo para volver a un dígito, recuperar el tejido empresarial y retomar la senda de crecimiento. De acuerdo con los lineamientos de la resolución sólo se podrán adquirir vacunas que cuenten con la autorización de uso de emergencia por parte del Invima, lo que garantiza la veracidad y el acompañamiento del proceso. Las negociaciones podrán efectuarse directamente con las farmacéuticas o por medio de distribuidores autorizados por la autoridad sanitaria. Las vacunas no podrán ser vendidas y tendrán que ser aplicadas de forma gratuita a los beneficiarios. Los privados deberán garantizar el cumplimiento de las condiciones de manejo, refrigeración y almacenamiento de la vacuna hasta el momento de su aplicación.
Las compañías contratarán el recurso humano adicional para garantizar la aplicación de las dosis a las personas que hagan parte de sus empresas, para lo cual se utilizará un personal distinto del que el Gobierno dispone en el Plan Nacional de Vacunación (PNV) y deberán ser entidades de salud habilitadas y autorizadas para cubrir esta emergencia. Tales condiciones apuntan a mantener el principio de equidad y cierra las puertas a nocivos intermediarios. Lo importante es avanzar con el acompañamiento permanente entre las autoridades en salud y los privados, unidos y comprometidos en torno a un mismo fin, que no es otro que superar la crisis social y sanitaria.
Aunque el escenario de las últimas semanas es adverso y las medidas restrictivas están vigentes en las grandes capitales ante lo que se ha denominado la tercera ola de coronavirus, no podemos darnos el lujo de desfallecer. Precisamente la hora más oscura es la que antecede el amanecer. Desde el Congreso continuaremos impulsando iniciativas que propendan por la salud de los colombianos, la calidad de vida, la ocupación laboral y la recuperación de la economía.
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