Con las opiniones divididas en la Corte Constitucional el magistrado Gabriel Eduardo Mendoza, quizás el voto definitivo, pidió días extras para poder analizar la ponencia que puede acelerar o frenar el Acuerdo de Paz que fue refrendado con amplias mayorías, y el aval del Consejo de Estado, en el Congreso colombiano.
El nuevo Acuerdo de Paz, pese a la abstención en bloque del Centro Democrático, fue aprobado por el 75% del total de los congresistas sin ningún voto en contra registrado, porque los que se opusieron prefirieron abstenerse de votar antes que quedara su nombre registrado para la historia negra de un país que lleva décadas alimentando la guerra desde la política.
Ahora el suspenso lo pone la Corte Constitucional que debe opinar sobre los mecanismos de refrendación e implementación del acuerdo. Increíblemente tras cincuenta y dos años de guerra, cinco de negociaciones, varios acuerdos, un plebiscito, dos plenarias y varios fallos, 9 magistrados deciden el 12 de diciembre si podemos o no dejar de matarnos ahora o si debemos seguir esperando más tiempo el fin del conflicto para beneficio de todos aquellos que ganan mientras la guerra exista. Decisión en la que tendrá mucho que ver el citado magistrado Mendoza.
En Colombia tenemos leyes y conceptos jurídicos para todo. Son miles de leyes, sentencias de las cortes y del Consejo de Estado, que sumadas a las opiniones jurídicas forman una monstruosa montaña de papel, un laberinto de información. Y las seguimos haciendo a diario e incluso reformamos la constitución cada vez que podemos: la hemos reformado 41 veces en 25 años y eso que se han realizado más intentos de cambio. Los cambios han sido para asuntos importantes y otros baladíes, sin embargo, medio país se opuso a que se reformara para lograr la paz y muchos se oponen ahora a que la ley permita la paz.
Con un sistema jurídico hecho más para la guerra y sus desmanes que para la reconciliación, buena parte de lo que está sucediendo con los acuerdos no tiene parangón jurídico. Lo que tenemos legislado sobre acuerdos de paz escapa a las ambiciones del presente acuerdo y su implementación necesita de decenas de leyes nuevas. Por eso es tan importante la decisión de la Corte y sobretodo del magistrado Mendoza.
Es probable que la pelea jurídica de los acuerdos no acabe con la próxima decisión de la corte, pues en medio de un sistema donde la ley y su aplicación hace agua, durante años nuestros gobiernos y la oposición han pretendido utilizar la ley como un arma para cortar de un tajo las pretensiones del rival político. Por eso los debates y las demandas recientes en torno al plebiscito, al día de elecciones, y a los mismos acuerdos no son la excepción.
No soy quien para dar argumentos jurídicos a favor o en contra de lo que podrá suceder al interior de la Corte, pero cabe preguntarnos ante este caso cuál es el sentido de la organización del estado, de una constitución y unas leyes cuando se trata de un asunto como este.
Lo pregunto porque es probable que una norma constitucional, una ley, una sentencia de las cortes, un solo magistrado, tengan más fuerza decisoria que el anhelo de paz de millones de colombianos. Es probable todavía que la guerra continúe otras décadas más porque en éste país de leguleyos y santanderistas hasta el hastío es fácil lograr que la paz muera con el alma pegada de un inciso.
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