La semana pasada salió una información relacionada con la posible intención de la administración municipal de aumentar el horario del pico y placa en la ciudad de Ibagué, una restricción que a todas luces resulta ser, en el mediano y largo plazo, ineficiente e ineficaz, mientras el parque automotor, que transita en la ciudad, continúa en aumento.

Salió la última encuesta sobre el mercado laboral en Colombia del trimestre móvil agosto – octubre de 2021 y, el resultado para Ibagué, vuelve a ser preocupante, Nos ubicamos de nuevo en el segundo deshonroso lugar, con el 18,7% de desempleo, sólo detrás de Quibdó y, aún cuando este es el panorama en materia laboral, hay otros aspectos que posiblemente confirmen estos lugares de desempeño, como podría ser el caso de la ordenación de territorio, la gestión de la movilidad e infraestructura, pues tienen una incidencia determinante en la generación, no solo de empleo, sino de oportunidades para Ibagué, son las bases para el desarrollo.

Se intentará destruir cuanta institución esté al frente con tal de evadir las responsabilidades políticas y jurídicas de las acciones adelantadas. Un plagio no es un asunto menor, se trata de una deshonestidad intelectual y de un delito, que se comete, a veces, con la finalidad de obtener un título. Y ¿El título para qué?, no como una parodia a la frase de Darío Echandía, sino como una reflexión con relación a la acreditación, a través del conocimiento, de la profesión o especialidad obtenida mediante el fraude. El título no es solo una vanidad.

En la pasada cumbre de la COP26 celebrada en Glasgow, se establecieron unos compromisos por parte de algunos de los países que participaron, de lo cual quiero destacar una conclusión fundamental y que debería ponernos a pensar, desde ya, en la gestión de las ciudades para enfrentar el cambio climático.

Salió –un poco tarde, es del 25 de agosto de 2021- el Acto Legislativo 02 de 2021, que crea las “16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz para la Cámara de Representantes” y esto constituye un avance importante en la creación de los escenarios que permitan afianzar la Paz en nuestro país, tener y concertar escenarios de diálogo, así como la consolidación de las instituciones encargadas de velar por la verdad, la justicia, la reparación y los mecanismos necesarios para la no repetición.

Ya decíamos, en la columna anterior, el importante precedente sentado por la Superintendencia de Industria y Comercio en relación a la obligación de realizar los trámites de legalización de acueducto y alcantarillado correspondiente, con sus respectivas obras civiles con las calidades ofrecidas, idoneidad y seguridad necesarias en los proyectos de vivienda. Pero este precedente nos lleva a señalar unos aspectos de intervención administrativa y judicial que van encaminadas, por un lado a defender al consumidor-usuario (también al ciudadano por ser un derecho fundamental –hoy en conexidad –pero con un proyecto de Acto Legislativo en camino), pero por el otro, a generar obligaciones a las autoridades correspondientes, sin dejar de lado, el agua, en la planeación del territorio.

En Ibagué, diferentes casos han puesto en evidencia el problema relacionado con la disponibilidad de agua potable en los proyectos de vivienda que se ofrecen y se construyen en la ciudad. Frente a esta problemática, que en principio puede llegar a ser ocasionada por un particular, pero con la aparente anuencia u omisión del encargado de hacer respetar el POT o de quienes tienen la facultad legal de expedir permisos, licencias y disponibilidades del servicio de agua potable para llevar a cabo dichos proyectos, la Superintendencia de Industria y Comercio -SIC-, en uso de sus facultades jurisdiccionales, dictó una sentencia, en primera instancia, que constituye un importante precedente para obligar a las constructoras a “entregar”, según los parámetros legales, el servicio público de agua potable y saneamiento básico.

El ahora famoso “Anatolio vote sí”, resultó ser una “jugadita” más, esta vez, de la presidenta de la Cámara de Representantes en busca de aprobar la modificación a la Ley de Garantías por parte del Congreso de la República. Pero no es todo, recordemos el trino del entonces Senador, 31 de marzo de 2015, –en oposición- y hoy Presidente de la República Iván Duque, “Hay cosas que el dinero no puede comprar… una de ellas eliminar la Ley de Garantías.

Es hora que inicie el tiempo de las regiones y lograr “bajarle” a ese exagerado centralismo que nos gobierna; somos un “Estado Social de Derecho organizado en forma de República unitaria pero descentralizada y con autonomía de sus entidades territoriales”, eso dice la Constitución, pero, la pregunta es ¿en qué consiste dicha autonomía? La Corte Constitucional, –Sentencia C-1051 de 2001-, señaló que, de acuerdo a lo contenido en el artículo 287 de la Constitución Política, podemos hablar de autonomía política, administrativa y fiscal. Nos referiremos a las dos primeras.

Hace pocos días salieron dos informes significativos para la ciudad de Ibagué y su desarrollo económico y social planeado a corto, mediano y largo plazo, que constituyen los indicadores de las acciones que debería tomar la Administración Municipal. Por un lado, “El análisis de resultados - Encuesta virtual. Primera fase 2021” de “Ibagué Cómo Vamos” y, por el otro, el “Índice de Competitividad por Ciudades 2021”. Vale la pena revisarlos por lo contraevidentes que pueden ser sus resultados y sus interpretaciones, debido a que un hecho indican las encuestas y la percepción ciudadana –es el caso de la encuesta virtual de Ibagué Cómo Vamos- y, otro, los datos “duros” que provienen de fuentes oficiales -instituciones gubernamentales y entidades multilaterales- y que no corresponden a encuestas de percepción –tal es el caso del Índice de Competitividad por Ciudades-.