Son noticias recurrentes, casi a diario, en los medios de comunicación local, las relacionadas con la falta de suministro de agua potable en algún barrio o sector de la ciudad, el obsoleto alcantarillado, el deterioro de la malla vial, generalizado en toda la ciudad (y tenemos que acostumbrarnos, también, a que las escasas intervenciones sean lentas, costosas e ineficientes, además de generar trancones de hasta 2 kilómetros, en algunos casos, como el que desde hace más de un mes, se forma en la avenida Mirolindo, ello, como consecuencia de la ausencia de un Plan de Manejo del Tránsito (PMT) –como obliga la ley y el sentido común-. La incompetencia cuesta, en términos económicos y eso debería saberlo una administración que cada final de mes, mira para otro lado, al publicarse las cifras de desempleo local. 

El desempleo galopante en Ibagué, al parecer, no tiene freno, por lo menos no en esta administración; un 17,5 % que nos sigue ubicando en el segundo lugar, tan solo por detrás de Quibdó que está en el 24,4 %. Mientras que a nivel nacional las cifras de desempleo disminuyeron, la ciudad no cuenta con un accionar concreto que apunte a mejorar ese indicador y, de paso, las condiciones de vida de los habitantes. 

Dos hechos, por supuesto hay muchos más, sin solución aparente a la vista, pero que enmarcan claramente, la crisis que vive la justicia en Colombia.

Los modelos alternativos y la movilidad sostenible parecen no ser la prioridad para esta administración, no es solo por la noticia publicada días atrás en relación con el incumplimiento en la instalación de un sistema de bicicletas públicas en la ciudad, de la cual, según declaraciones del concejal Javier Mora a un medio de comunicación, Infibagué habría recibido $1.378 millones de la Agencia Alemana de Cooperación Internacional (GIZ) y el proyecto no arranca, como dicen popularmente, al parecer, se los “mecatearon en cositas”, qué vergüenza con la Agencia y muy bajo nivel de compromiso e interés en resolver los temas vitales de la ciudad.

La recuperación del espacio público ha sido una deuda pendiente que como tal, viene creciendo, no me refiero a los vendedores informales del centro de la ciudad, por lo menos no exclusivamente, que esta semana fue objeto de controversia -que no debería serlo-, y el debate no fue por la recuperación parcial de la carrera tercera y las estrategias para optimizar el espacio en beneficio de la economía local y la garantía de los derechos de todos (el deber ser), sino que fue por la “pelea personal” entre esta y la anterior administración (el ser) y entonces la anterior -administración- con la de más atrás y así per sécula seculórum, en un viaje al pasado, hasta que se nos olvida – o nos desinteresamos- de lo fundamental: la raíz del problema y cómo conjurar el caos local. Debería ser una oportunidad para impulsar la formalidad y organizar el comercio de la zona, pero politizan tanto la acción como la inacción.

Año 1990, aproximadamente, tomemos este, como punto de partida del desorden territorial que soportamos en la actualidad, sin desconocer que hay dos momentos más en la historia reciente local, que marcaron la ampliación del perímetro urbano de la época, por un lado, los Juegos Nacionales de 1970 y, por el otro, la tragedia de Armero de 1985 que dio lugar a exenciones tributarias para empresas que se establecieran en la ciudad.

La importancia de las ciudades intermedias en Colombia es una clara oportunidad de aprovechamiento para la economía local. Miremos un solo aspecto con plena incidencia en el desenvolvimiento de las relaciones económicas, sociales y culturales de Ibagué: el suelo rural (debiendo hablar en otro momento de la denominada migración climática).

Ibagué está congelada en el tiempo, no solo por la infraestructura y las condiciones socioeconómicas, sino también por la forma como nos (des)gobiernan y, peor aún, como señalan a “dedo” quién o quiénes “pueden” o “deben” ser candidatos o candidatas a dirigir. Vamos por partes; el fuerte aguacero que cayó sobre la ciudad el pasado miércoles, nos recordó, una vez más, lo obsoleto de la infraestructura hidrosanitaria, la ausencia de un proyecto claro de cultura ciudadana que nos eduque, a los ciudadanos, sobre la importancia del reciclaje, de no arrojar basuras en las calles, etc., de la eficiente y oportuna recolección por parte del operador, de la gestión de residuos y el consumo “agresivo” de materiales, como el plástico de un solo uso, en la contaminación, todo esto, debemos -y estamos en mora- irlo corrigiendo.

Indudablemente, uno de los aspectos que llama la atención desde la semana pasada –y debe ser objeto y centro de debate permanente-, es el resultado del Índice de Competitividad por Ciudades 2022 (ICC-22), en el cual, Ibagué, descendió dos posiciones frente al año 2021, quedando en el puesto 11 con un puntaje de 5,58 sobre 10 puntos. Un panorama bien complejo para la ciudad si leemos –porque así debe ser-, los (malos) resultados arrojados en materia económica durante las últimas dos semanas.

El Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas –DANE-, publicó la semana pasada las cifras de desempleo en Colombia, ubicando a la ciudad de Ibagué, nuevamente, en el segundo lugar de “sintonía” con el 17,5%, solo detrás de Quibdó que ocupó el primer puesto con el 24,7% de desempleados. Tristemente, nada nuevo, pues cada final de mes, se repite la misma historia –o, por lo menos, similar-. La conclusión no es nueva, es evidente que hay una falla en el diseño e implementación de una política pública de generación de oportunidades para la ciudadanía, que ha fracasado, incluso en su estrategia de aumentar el gasto público y la contratación de obra pública para combatir el desempleo.