La semana pasada se socializó el resultado de la encuesta virtual, fase 2 – 2021, realizada por Ibagué Cómo Vamos y, aunque el resultado es contundente en relación, justamente, a cómo va la ciudad, hay un aspecto, a mi modo de ver, que sobresale en la preocupación, hay muchos y muy importantes, pero me quiero detener en el siguiente: los servicios públicos y, dentro de estos, aún cuando el 38,4% de los encuestados se siente insatisfechos con la prestación del servicio de energía eléctrica, la mala percepción del servicio de acueducto llama la atención.

Los de antes como Alfonso López Pumarejo, junto a Darío Echandía, con la denominada “Revolución en Marcha”, que dio vida a la gran reforma de 1936 y Carlos Lleras Restrepo en 1968 que introdujo una reforma que buscó, principalmente, la creación de instrumentos de planeación e intervención económica por parte del ejecutivo –controlar el gasto público-, con un reajuste administrativo institucional para hacer operativa esa intervención estatal.

Recordemos a “The Beatles” mientras hablamos de la Ley de Garantías y los impuestos locales. La semana pasada, la Corte Constitucional, a través del Auto A-123 del 10 de febrero de 2022, declaró la urgencia nacional para estudiar las demandas que han sido presentadas en contra del “articulito” de la Ley de Presupuesto que suspendió, parcialmente, la Ley de Garantías, esto, con la finalidad de dar prelación a este caso.

Cada vez que salen las cifras de desempleo en Colombia, la mayoría de las veces, pareciera ser, por lo menos para el caso local, un eterno viaje en el tiempo, desalentador, como si fuera el mismo día o, como el título de aquella película protagonizada por Bill Murray, ‘El Día de la Marmota’.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura –FAO-, recientemente sacó un informe sobre los riesgos, en algunos países, que el hambre se dispare, bajo un análisis de factores que pueden incidir en esta problemática. Colombia hace parte de este “selecto” grupo, junto a Haití y Honduras en América Latina.  

No puede, el debate electoral en el Tolima, ser tan bajo y minúsculo, debe ser un debate con altura, con ideas y propuestas materializables en el territorio para avanzar en la solución de las necesidades más sentidas de la ciudadanía, en ese orden de ideas, por un lado, rechazamos y reprochamos cualquier acto que intimide, atente y vulnere los derechos fundamentales de las mujeres, la participación en política es un derecho (a elegir y ser elegidas) de todos y todas y la violencia verbal con fines políticos cercena este derecho y es deber de todos y todas garantizarlo y promocionarlo.

¿En qué momento dejó el Tolima de ser protagonista en la política nacional? El Tolima tiene en su historia y orgullo a uno de los grandes reformadores del siglo pasado, como lo fue Alfonso López Pumarejo, quien en compañía de otro grande tolimense, Darío Echandía, fueron promotores y propulsores de la “Revolución en Marcha”, la cual, entre otras, dio vida a la gran reforma de 1936, donde se introdujo el concepto de función social de la propiedad, la intervención estatal para racionalizar la economía, el reconocimiento de los derechos de segunda generación (económicos y sociales principalmente) y la modernización del Estado. Fue Echandía, desde ese entonces, quien incluyó el concepto de Estado Social de Derecho.

¿Nos hemos tomado en serio el turismo local como motor de desarrollo y generador de oportunidades?

Termina el año 2021, en medio del debate electoral que definirá el rumbo del país en los próximos 4 años, con incidencia, en el mediano y largo plazo, en temas trascendentales para todos como es la reforma pensional, también la llamada “pensión ciudadana” de 400 mil pesos al mes para adultos mayores de 65 años que no lograron pensionarse, cobijando a más o menos 3 millones de personas, propuesta bien interesante hecha por el candidato presidencial Alejandro Gaviria, como mecanismo que busca recuperar la dignidad en la vejez de las personas, adicionalmente, como punto fundamental, está la recuperación económica del país, la reducción de las líneas de pobreza y desigualdad -somos el segundo país más desigual de América Latina, según informe del Banco Mundial publicado en octubre de este año que termina- que seguimos cargando como nación y constituye una deuda, más que histórica, de lucha y reivindicación de los derechos sociales de los colombianos. En esta conquista de derechos, juega un papel principal la educación -ese es el camino para sentar las bases del desarrollo-.

En días pasados fue noticia, en algunos medios de comunicación, el pedido del alcalde de Ibagué Andrés Fabián Hurtado, a la comunidad para “no tomar justicia por su propia cuenta” con los ladrones que andan haciendo de las suyas en la ciudad. Traigo a colación este pedido del mandatario local, habida cuenta que no es algo menor –me refiero a la situación, no al mensaje-, podría, incluso, algún lector desprevenido, pensar que es algo irrisorio, pero no lo es, o bueno, también tiene un trasfondo importante que es necesario analizar y, debería, ser objeto de estudio por parte de los encargados de velar por la seguridad local y nacional, pues este, es un fenómeno con raíces nacionales.