Indignante, asqueroso, ofensivo. Son algunos de los epítetos que merece el caso de lo que se ha denominado el carrusel de las pensiones en la rama jurisdiccional. Personajes que con sólo trabajar algunos meses se han hecho pensionar con salarios de magistrados y con un régimen de excepción. Como bien lo acaba de decir el ministro Vargas Lleras, no todo lo legal es ético, en respuesta al presidente de la sala disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, Henry Villarraga, quien sostiene que todos los nombramientos se ajustan perfectamente a la ley.

Claro que se ajustan a la ley. También se ajusta a la ley la Comisión de Acusaciones de la Cámara, que pocas acusaciones ha efectuado desde que se consagró dicha figura, convirtiéndose más en una comisión de absoluciones que garantiza la impunidad a los altos funcionarios. El problema no es de legalidad, sino de lo que podría calificarse como ‘abuso de la legalidad’. Aprovecharse de los ‘agujeros negros’, de lagunas y huecos legales para lucrarse de manera inmerecida. Este país ha construido una élite de pensionados en detrimento de una inmensa mayoría de colombianos que no tienen pensión de jubilación o si la tienen apenas es congrua. Élite que va a constituir una carga insostenible para las finanzas públicas nacionales. Personas que se jubilan en edades absolutamente productivas, en algunos casos con menos de cincuenta y cinco años, y a quienes tendremos que sostener durante 30 años o más. Y eso rezando para que no vaya a ceder la pensión a jóvenes viudas y ésta se prolongue por otras dos o tres décadas.

Colombia está en mora de abocar un amplio debate sobre el sistema pensional, para hacerlo sostenible, viable y más justo y equitativo. Hace apenas una década, las personas de 60 años y más representaban el 6.1 por ciento del total de su población. Actualmente, son un poco más del nueve por ciento. Hemos comenzado un proceso de envejecimiento demográfico. La esperanza de vida viene aumentando a un ritmo de 2.5 años cada 10, lo que permite afirmar que muy probablemente las personas nacidas en esta época vivirán por encima de los 90 años. Hace 30 años una persona de 50 ya era ‘vieja’. ¿Podríamos afirmar lo mismo hoy? El sistema de pensiones de jubilación es una típica pirámide, que necesita que la cantidad de quienes entran a la base sea sustancialmente más amplia de la que se ubica en la cúspide y sale. Podemos experimentar un proceso que conducirá a que la pirámide se convierta en un rectángulo vertical, y el número de quienes entran al sistema se iguale con el de los que salen.

En Colombia los cotizantes al sistema de pensiones son apenas el 29 por ciento de la población económicamente activa (entre 15 y 64 años de edad), dada la altísima formalidad laboral existente. Así, ¿quiénes van a pagar las pensiones? No sólo hay que aumentar la edad de jubilación, hay que aplanar el monto de las remuneraciones, hacerlo menos desigual. Hay unas pensiones de más de 20 millones de pesos y otras de menos de salario mínimo. Algo inconcebible e injusto. Por esto cosas como el ‘carrusel de las pensiones’ en la rama jurisdiccional irritan e indignan tanto. Constituye una auténtica afrenta a los ciudadanos de este país, en especial a los más pobres y menesterosos, muchos de los cuales jamás tendrán una pensión. Este nuevo escándalo es un desafío para la administración Santos. Vamos a ver cómo procede. La Contralora General ha abierto el debate, confieso que Sandra Morelli cada vez me gusta más. Inspira confianza. Ojalá que vaya hasta el fondo. Es lo que esperan millones de colombianos probos.