Sin embargo, hoy debo decir muy a mi pesar que en cuanto más avanzan los diálogos entre el Gobierno y las FARC, más remota veo la posibilidad de que lleguemos a un acuerdo, por lo menos uno soberano en el que se privilegie la dignidad del pueblo colombiano, la reparación a las víctimas y el imperio de la justicia.

Lo digo por varias razones. La primera es la dilación; cuando Juan Manuel Santos anunció públicamente el inicio de las conversaciones de paz en La Habana, dijo que el proceso de negociación sería diferente pues había que aprender de los errores del pasado y que una de esas diferencias estaba en que el tiempo que tardaría no sería ilimitado, incluso que se mediría en meses y no en años; pero a estas alturas ya han pasado más de seis meses desde que se instalara formalmente la mesa de diálogo en Oslo y apenas se ha discutido, ni siquiera evacuado completamente, el primer punto (política de desarrollo agrario), de los cinco que están contenidos en el acuerdo general. Panorama preocupante al tener en cuenta que si este tema que estaba medianamente trillado aún está sin concluir, entonces ¿cuánto tardará la discusión de los siguientes puntos, que generarán mucha mayor controversia y polarización como el de la participación política de jefes del grupo subversivo, la revisión de la situación jurídica de miembros de las FARC privados de la libertad, o el reconocimiento de las víctimas y su reparación integral?

A propósito de estos controversiales puntos, prosigo con mi segunda razón que también intranquiliza y mucho, ya que da miedo pensar cuáles serán los acuerdos que se logren en esta materia, si los mismos negociadores de la guerrilla han sostenido en forma retadora que “no pagarán ni un día de cárcel”, que los tribunales colombianos no tienen “ninguna autoridad moral” para juzgarlos, y que “revisarán algunos posibles errores cometidos”, pero descartan el pedir perdón a las víctimas y endilgan esta acción al Estado. Pues no sé cuál será la posición de los negociadores del Gobierno, pero cualquier acuerdo que esté ausente de impunidad se ve cuesta arriba. Al respecto ¿será el mismo Gobierno el que tendrá que pedir perdón y reparar a las víctimas del conflicto? ¿Veremos próximamente en camionetas blindadas y fuertemente escoltados participando en política a quienes ordenaron masacres, secuestros y despojos de tierras? ¿Tendrá que el país arrodillar la rama Judicial y sus instituciones para dar paso a otra forma de juzgar a los jefes guerrilleros?

Para terminar, el tercer argumento que me hace temer un inminente embolate de la paz radica en cómo hacer para que el pueblo colombiano acepte y acate los eventuales acuerdos de La Habana en el difícil caso de que se superaran todos los escollos; esto teniendo en cuenta que la ciudadanía poco ha participado en el proceso e incluso que una gran mayoría de colombianos, según la reciente encuesta de la firma Ipsos “Colombia Opina 2012-3”, no está de acuerdo en que la negociación se haga bajo mayores concesiones para la guerrilla así se rompan los diálogos. Al respecto, lo único que espero es que los acuerdos se legitimen a través de una consulta popular, para que sea el pueblo colombiano quien avale o rechace los eventuales acuerdos y de esta manera se entregue el poder a quien verdaderamente le pertenece.