En estos días el proceso de paz firmado entre el Gobierno colombiano y las Farc, atraviesa por una de sus mayores turbulencias, originada en una serie de hechos que amenazan con volvernos a una confrontación fratricida anhelada por los melancólicos de la guerra que no hayan como llevarnos a esa situación.
La captura de ‘Jesús Sántrich’ por orden de un juzgado en Nueva York con solicitud de extradición que lo tiene al borde de la muerte por la huelga de hambre que viene realizando, el artículo explosivo de un periódico estadounidense que menciona que hay pruebas que relacionan a Iván Márquez con narcotráfico y que muy seguramente vendría una detención, sumado a esto, la gran desconfianza que genera el Fiscal General de la Nación por ser señalado por la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común –Farc– como un enemigo de la implementación del Acuerdo de Paz, el ínfimo nivel de cumplimiento de cada uno de los puntos de la agenda pactada que pone de presente la incapacidad del Estado para llevar a cabo los cinco puntos acordados, empezando por la Reforma Rural Integral, orientada a resolver las dificultades estructurales que existen en el campo colombiano.
Revelador resulta ser el informe realizado por el Nuevo Día, sobre la situación de los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación –Etcr– en el Tolima y particularmente el ubicado en la vereda El Oso del municipio de Planadas, donde es evidente que las condiciones acordadas con los guerrilleros que hicieron dejación de armas no se vienen cumpliendo.
Todo esto ocurre en un contexto particularmente polarizado en lo político cuando hay candidatos que cabalgan en la consigna de hacer trizas los acuerdos, sin importarles lo más mínimo la suerte de los territorios y los pobladores que sufrirían por un regreso a la guerra.
Valiente es la posición de Humberto De La Calle, candidato a la presidencia, cuando menciona sin eufemismos que “se están tirando la Paz” y denuncia que Duque y el senador Uribe “vienen construyendo un tejido de falacias y de odios que fueron conduciendo a buena parte de la población a la nostalgia de la guerra”. Además de señalar que la Corte Constitucional con su pronunciamiento le abrió las puertas al Congreso para que le pusiera toda clase de palos en la rueda a la implementación del Acuerdo.
Todos estos hechos deben llamarnos a los tolimenses y colombianos a defender el Acuerdo de Paz, sobre el entendido que más que defender a las Farc, el mismo beneficia a la sociedad colombiana, especialmente a la olvidada y marginada por el Estado. Este Acuerdo no es la paz como tal, pero sí es una condición fundamental para avanzar en ella y lograr que la violencia deje de ser el mecanismo utilizado para resolver los conflictos en el país.
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