La semana pasada en esta columna afirmé que el reto de mejorar indicadores de competitividad económica, social, ambiental y de innovación, convoca a todos los tolimenses que conforman la institucionalidad privada, pública, gremial y académica de la región, y que es menester por parte de todos esos actores, una clara disposición a la articulación de acciones con el Gobierno nacional y las diversas estrategias que se leen en su plan de desarrollo “Pacto por Colombia: pacto por la equidad”.
En la columna de hoy, debo mantenerme en la misma línea de reflexión sugerida en la pasada, en esta oportunidad para referirme al reto que tenemos todos los tolimenses, y reitero, toda su institucionalidad privada, pública, gremial y académica, para mejorar el mercado laboral, tema altamente entreverado con la competitividad de un territorio.
En materia laboral tampoco hemos sacado buenas notas según informe reciente del Dane que, en esta oportunidad, como departamento, nos ubica en un nada honroso tercer lugar en materia de desempleo en todo el país solo superado por Norte de Santander y Quindío, con casi cien mil desempleados, donde solo Ibagué se acerca al 50 por ciento de la cifra anterior (Ibagué ocupa el tercer lugar de ciudades con mayor desempleo por debajo de Cúcuta y Quibdó).
Mucho por hacer en estas materias de generación de empleo corresponde al sector agropecuario, al sector de la construcción, al sector textil-confecciones y al sector servicios. Es notorio el desfase que hay entre las competencias de trabajo demandadas por parte de las empresas y las competencias que hoy caracterizan a la oferta laboral, ciertamente por debajo de las expectativas empresariales, lo que impone un reto a las instituciones de educación técnica, tecnológica y profesional.
Candidatos a Gobernación y alcaldías han tenido que reparar en estas crudas realidades laborales y sus flacos indicadores; seguramente, sus programas de gobierno y futuros planes de desarrollo remitirán al tema y a estrategias para morigerar las tasas de desempleo pero, hablando con claridad y sin eufemismos, en este propósito, las autoridades públicas departamentales y municipales lo único que pueden y deben hacer es crear ambientes seguros e incentivadores, altamente articulados a las estrategias de desarrollo nacional, para que en primer lugar, nuestras grandes, medianas y pequeñas empresas no se vayan de la región o decidan cesar sus actividades; en segundo lugar, se sientan convocadas y comprometidas a contribuir con la generación de nuevas fuentes de trabajo formal y decente, y en tercer lugar, no menos importante, incentivar a que nuevas empresas lleguen a invertir en la región y crear condiciones para fomentar nuevos emprendimientos.
Estos esfuerzos de autoridades públicas serán inocuos, si en su concepción, diseño y ejecución, no participan, desde un principio, las empresas privadas de la región con sus respectivos gremios, cámaras de comercio, cajas de compensación, instituciones de formación técnica, tecnológica y profesional, que son los actores verdaderamente capaces de consolidar una ruta cierta para generación de nuevas oportunidades laborales insertas en la economía real de la región; hay que decirlo y sin sonrojo, las plantas laborales públicas son limitadas e inflexibles y las órdenes de prestación de servicios, es decir, las nóminas paralelas agenciadas por los aparatos estatales, no se pueden seguir estirando porque esa cauchera se revienta, reproduce atávicas formas de clientelismo y dependencia, y su aporte para paliar significativamente las cifras de desempleo, es marginal. casi nulo, en el Tolima y en Cafarnaúm.
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