en connivencia con las autoridades de los gobiernos de Uribe y el actual, de Santos, que han montado operaciones extractivas a gran escala con el más bajo costo marginal y ridículas regalías.

Se extrae carbón sin infraestructura portuaria y se explota petróleo sin oleoductos completos ni transporte adecuado, hay que sacar como sea. A esto se llama “inversión extranjera”.

Un ejemplo indignante, y violatorio de mínimas normas, es la exportación de carbón por vía marítima en la bahía entre Santa Marta y Ciénaga. Tres empresas, Drummond, ValeCoal y Glencore, articularon un sistema que, basado en lo que la primera de ellas define como “puerto de aguas profundas, Puerto Drummond, en el mar Caribe, cerca de Santa Marta”; moviliza el mineral desde las minas en el Cesar en trenes de 100 vagones de 40 toneladas cada uno en un tramo de 120 kilómetros entre edificaciones de áreas urbanas y a toda hora, de donde se traspasa a unas barcazas que se descargan en mar abierto a buques de todo tamaño.

¿Desde cuándo existe en aguas territoriales colombianas un “puerto de aguas profundas”, denominado Puerto Drummond? ¿Cuándo se otorgó dicha concesión y con qué contraprestación?

¿Qué autoridad ambiental permite ese sistema que funciona a todo vapor y que exporta más de 40 millones de toneladas anuales? ¿Cuándo se agote el recurso desaparecerá de nuestro mapa -si es que existe- Puerto Drummond?  

Además de estas preguntas, sin respuesta, hay que añadir que buena parte de las inversiones hechas para implantar el modelo, incluidos los super-vagones, se han financiado con exenciones del 30 y del 40 por ciento del impuesto de renta por reinversión en activos. Como si fuera poco, la depreciación futura de todos estos bienes ayudará a nuevas deducciones en las futuras declaraciones de renta y patrimonio.   

Entre tanto, la economía colombiana vive la curva ascendente de este “auge”, que los TLC ayudan a asegurar, y que conlleva, también, importaciones masivas de bienes suntuarios, como la de más de 200 mil automóviles al año, pero cuyo descenso no dejará más que devastación.

Es deplorable que la opinión nacional se acostumbre a tal estado de ignominia y que la conciencia colectiva se acondicione a aceptarlo.

La academia, a contramano, debe intervenir con nuevos marcos de análisis para orientar la tarea indispensable de esclarecer los costos reales frente a los coyunturales beneficios de estos latrocinios que ya tienen mal conocidos antecedentes en otras latitudes.  

Nota: Sea la ocasión para expresar mi rechazo a la injusta exclusión de Ramiro Bejarano como columnista de El País.