Uno de los temas centrales durante el discurso de posesión presidencial del pasado 7 de agosto fue la seguridad. En su intervención, Gustavo Petro aseguró: “Gobernaré con y para las mujeres de Colombia (…) Queremos igualdad real y seguridad para que las colombianas puedan caminar tranquilas y no temer por sus vidas”. Además, el presidente hizo referencia a “una estrategia integral de seguridad. Con la seguridad humana. Colombia necesita una estrategia que vaya desde los programas de prevención, desde la redención social, desde acabar con el hambre, hasta la persecución de las estructuras criminales y la modernización de las fuerzas de seguridad”.

Sin embargo, el panorama actual muestra grandes desafíos para poder disminuir la incidencia de delitos. De acuerdo con los reportes del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), durante el gobierno Petro fueron asesinados 5 firmantes de paz, 44 líderes sociales y defensores de DD.HH y ocurrieron 26 masacres que segaron la vida de 91 personas. Por su parte, según los reportes de la Policía Nacional, con corte al 30 de septiembre, se presentaron 16.732 casos de violencia intrafamiliar; 9 casos de terrorismo; 54 casos de secuestro; 1.992 casos de homicidios y 1.222 casos de extorsión.  

Además, los reportes de la Policía Nacional indican que 3.900 personas fueron violentadas sexualmente - 3.195 fueron mujeres, 662 hombres y 43 personas no reportaron su sexo-, y ocurrieron 16.732 casos de violencia intrafamiliar.  Entre tanto, el Observatorio Colombiano de Feminicidios reportó que en agosto se presentaron 43 casos de feminicidio, en septiembre fueron 49 casos; mientras el consolidado de octubre y noviembre aún no se ha publicado. 

Finalmente, los reportes de la Policía Nacional evidencian 15.167 casos de lesiones personales; 4.966 casos de hurto de motos; 1.323 casos de hurto de automotores; 5.074  casos de hurto a residencias y 54.252 casos de hurto a personas.

Las cifras sobre crimen e inseguridad

Global Initiative Against Transnational Organized Crime, en su Índice Global de Crimen Organizado –que mide la criminalidad en los 193 países miembros de la ONU–, le otorga a Colombia un preocupante 7.67 de puntaje de criminalidad. Según este índice, en la actualidad Colombia es el 2 país más peligroso del mundo, el 1 de toda América y el 1 con mayor crimen en América del Sur. 

Por otra parte, el Global Peace Index –que combina 24 variables como acceso a armas pequeñas, crímenes violentos, tasas de homicidios, entre otras, para analizar la ausencia de violencia, seguridad y paz– (Ver página 13), ubica a Colombia en un penoso puesto 144 de 163, lo que ubica a Colombia entre los 19 países menos pacíficos del mundo.

Firmantes de paz y líderes sociales aún preocupan 

Al revisar los reportes del Indepaz y comparar las cifras con los últimos tres meses de gobierno del expresidente Iván Duque, encontramos que la violencia contra los firmantes dejó un saldo de 5 firmantes de paz asesinados –tres el primer mes y dos en el tercer mes–. La última persona fue asesinada el pasado 5 de noviembre. Ahora bien, estos reportes evidencian una reducción en las cifras, frente a los 13 firmantes asesinados durante el último trimestre del gobierno saliente.   

Por otra parte, la violencia homicida acabó con la vida de 44 líderes sociales y defensores de DD.HH –13 el primer mes, 16 el segundo mes y 15 el tercer mes–. Esta cifra también aumentó en comparación con los 42 asesinados en el último trimestre del gobierno anterior. Sin embargo, un reciente artículo de RedCheq concluyó que es difícil saber qué tanto han disminuido asesinatos de firmantes de paz, pues, las “cifras de Indepaz muestran una disminución de casos entre agosto y octubre, mientras que las proporcionadas por el gobierno no son suficientemente claras para comparar”.

Finalmente, la violencia ha generado 26 masacres durante el actual gobierno, es decir, a partir del 7 de agosto que se posesionó Petro (15 masacres se registraron el primer mes, siete el segundo mes y cuatro el tercer mes), con un total de 91 personas muertas. Estas cifras aumentaron frente al último trimestre del pasado gobierno, cuando las masacres fueron 23 en las que 78 personas perdieron la vida.

La ‘paz total’ de Petro

En campaña, Gustavo Petro habló de su propuesta de ‘Paz Total’ y de los Puestos de Mando Unificados por la Vida (PMUV). Como presidente electo promovió el proyecto de Paz Total, con 19 artículos modificatorios de la Ley 418 de 1997, que terminó su paso por el Congreso el pasado 3 de noviembre y planteó elevar la paz como política de Estado (Ver proyecto conciliado entre Senado y Cámara).

En el marco de esa iniciativa, los acercamientos del Gobierno con grupos armados dieron como resultado que diez de ellos anunciaran el cese al fuego unilateral; entre ellos el Clan del Golfo y las disidencias de las FARC. De acuerdo con Indepaz, 22 grupos armados buscan sumarse a la “Paz Total”.

Por ejemplo, el Clan del Golfo, a través de un comunicado con fecha del 7 de octubre,  indicó que “hemos adelantado algunos contactos con el Estado colombiano con el fin de explorar las posibilidades de un diálogo de paz con nuestra fuerza armada, social y política”. Por su parte, las disidencias de las FARC, mediante un comunicado, expresaron que “Estamos dispuestos a sentarnos en una mesa mediada por la iglesia, el gobierno y organizaciones de la sociedad civil de carácter local y nacional y comunidad internacional, para empezar a construir los acuerdos de ese cese al fuego multilateral”.

Incluso Salvatore Mancuso, exjefe paramilitar y excomandante de las extintas AUC, preso en la cárcel de Atlanta, Estados Unidos, envió una carta al presidente Gustavo Petro con el objetivo de ser “gestor de paz” en el marco de la “Paz Total”. Por otra parte, el Alto Comisionado de Paz, Danilo Rueda, el pasado 18 de octubre señaló en Twitter que la tregua de ‘Los Shotas’ y ‘Los Espartanos’ es “un acercamiento para dialogar su eventual tránsito a la legalidad en el Estado social y ambiental de derecho. #LaPazTotal”.

Cabe resaltar que la “Paz total” se convirtió en ley y fue firmada por el presidente el pasado 4 de noviembre. Al respecto, la vicepresidenta Francia Márquez afirmó en Twitter: “Creo en la #PazTotal porque no viví el conflicto desde el privilegio, sino desde los territorios, donde no llegaron el agua potable, la educación y las oportunidades, pero sí la violencia, el reclutamiento y el narcotráfico”.

Por otra parte, tras la publicación del informe trimestral del Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, este reconoció “la voluntad clara del Presidente Gustavo Petro de buscar la “Paz Total”. También manifestó que lo alienta el enfoque de paz y seguridad del nuevo Gobierno, que prioriza el diálogo para resolver los conflictos; centra las estrategias de seguridad en la protección de las comunidades vulnerables y los derechos humanos; y vincula las soluciones duraderas a la violencia con la superación de desigualdades históricas mediante transformaciones profundas”.  

Respecto a la implementación del Acuerdo Final de Paz, el Secretario General señaló que en el nuevo gobierno “si los instrumentos del Acuerdo se utilizan en todo su potencial, pueden ayudar de manera decisiva a poner fin a las persistentes expresiones de violencia en el país y, al mismo tiempo, contribuir al objetivo más amplio de crear condiciones y oportunidades para que todos en Colombia vivan en paz y con dignidad”. 

Las voces expertos: aciertos, incertidumbre y desafíos

Andrés Nieto Ramírez, exsubsecretario de Seguridad y Convivencia de Bogotá, consultor de seguridad y docente de la Universidad Central y la Universidad Nacional, le aseguró a RedCheq que “el concepto de “Paz Total” que propone el Gobierno Nacional, y como lo ha explicado en diferentes aspectos, no sólo es una necesidad urgente para el país, sino un camino que, idealmente, debería funcionar y debería avanzar”.

Respecto a los 100 días del gobierno Petro, Nieto Ramírez señaló que “es hora que este país cambie la mirada de seguridad. No podemos seguir pensando solo en la seguridad de defensa nacional contra los grupos armados, cuando la seguridad ciudadana en las urbes, el problema con las bandas delincuenciales, el problema de la rentabilidad del hurto de teléfonos celulares, espejos, la violencia intrafamiliar, el delito sexual, nunca se le ha prestado atención por estar pendientes en cómo combatir los grandes grupos. Esta nueva mirada es uno de los grandes aportes de los 100 días. Sin embargo, esa nueva mirada no puede caer sólo en el debate eterno de la reforma a la Policía”.

Ahora bien, según el investigador Jean Carlo Mejía Azuero, Ph.D. en Derecho de la Universidad Externado de Colombia, asesor y consultor en Derecho Internacional, Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, “en estos 100 días del gobierno Petro hay una gran incertidumbre, una zozobra evidente (…) El panorama de seguridad tiene unos problemas estructurales que se compaginan a la vez por mensajes contradictorios, a veces, incoherentes. El sector seguridad tiene una fortaleza infinitamente grande que se soporta en la estructura militar y policial. Y, en estos términos, los procesos de planeamiento estratégico militar, policial y en el nivel operacional, son supremamente técnicos y siguen una rigurosidad que, muchas veces, los entes civiles y gubernamentales no entienden. Entonces, allí hay una gran incertidumbre”.

Para Andrés Nieto Ramírez “se requiere pensar la seguridad en una gran línea, en un gran consecutivo: seguridad, convivencia, justicia, derechos humanos, situación penitenciaria carcelaria y garantías sociales. Hasta que toda la fórmula no quede en equilibrio, no quede en perfecta garantía en todos los aspectos, no se puede hablar de un nuevo esquema de seguridad, sino de pañitos de agua tibia frente a lo que ha sido mediático en la opinión pública, pero no soluciones de fondo”.

En lo que respecta a la “Paz Total”, el experto plantea algunas premisas como: “Primero, ¿qué se va a hacer exactamente? ¿Cómo se materializa la “Paz Total” de manera integral y no con acciones aisladas? Segundo, ¿cuál va a ser la inversión y la mirada de política pública donde la seguridad ciudadana ya no esté ligada al concepto de los 70’s y 80’s que está ligado a la defensa, sino al concepto, precisamente, de seguridad humana? Un concepto que no es de esta administración, es de Naciones Unidas (…) Tercero, y no menos importante, ¿cómo se hace para que no sea un fracaso, para que tenga sostenibilidad y para aprender de todo el camino que ya ha pasado este país?”.

Por otra parte, Andrea Naranjo, abogada y especialista en Derecho Constitucional, puntualiza que es necesaria la “incorporación de una mentalidad más igualitaria en la sociedad. Para ello, la educación en el hogar, en la escuela, en suma, en los ámbitos de interacción social, constituye el punto central de intervención (...) El derecho penal es un derecho de ultima ratio, no es el eje de control social primario, la autorregulación, la educación y el abordaje de los fenómenos como una prioridad de los gobiernos puede ser la alternativa más realista y duradera”.

La inseguridad en Colombia y nuevos actores transnacionales

De acuerdo con Jean Carlo Mejía Azuero, “el país tiene presencia de bandas venezolanas como El Tren de Aragua, pero también tenemos presencia, desde hace mucho tiempo, de carteles como el Cártel de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, del ELN, etc. Y tenemos problemas como la trata de personas, de tráfico ilegal de migrantes, microtráfico, redes multi criminales de hurto de celulares y demás. Entonces, la ciudadanía se siente bastante desprotegida. Pero no depende solamente de los procesos de captura, sino que depende mucho de los procesos de judicialización, bajo un sistema que es absolutamente garantista, que es el sistema penal acusatorio y con debilidades de investigación criminal”.

El surgimiento de nuevos actores transnacionales en el país preocupa. Según, Radiografía de la ominosa presencia de carteles mexicanos, de Pares (Ver páginas 21 a la 43), en el 2020, en Colombia había presencia de los cárteles del Golfo, Sinaloa, Jalisco Nueva Generación principalmente en Nariño, Costa Pacífica, Cauca, Antioquia y Norte de Santander principalmente como financiadores de grupos delincuenciales y como eje articulador de negocios de narcotráfico y financiación de las guerras por el control de las rutas y producción de cocaína.

Por otra parte, la ola migratoria trajo consigo algunas bandas venezolanas que se disputan de forma sangrienta el control de la trata de personas y el tráfico y venta de estupefacientes en la capital y zonas fronterizas. Según Insight Crime, en el país hay presencia del Tren de Aragua, Yeico Masacre y Los Meleán. Incluso, reseña que recientemente en Colombia también ha habido arrestos de miembros del Tren del Norte, Tren del Llano, Cartel del Malecón. La fiscalía capturó el 14 de octubre de este año a 19 miembros del Tren de Aragua relacionados con los múltiples homicidios de los cuerpos envueltos en bolsas. También la fiscalía reportó hace un mes la captura de miembros de la megabanda de Los Maracuchos. 

Finalmente, Andrés Nieto Ramírez, experto en seguridad, concluye que “cuando hablamos de actores de crimen, hay que separar los actores criminales de los actores delincuenciales, de las rentas delincuenciales y de los mercados irregulares. Todo esto se ha metido en una sola bolsa de forma no consciente, no coherente y no técnica. Y no es lo mismo atacar el Clan del Golfo o el ELN, que atacar a la banda de celulares. No es lo mismo atacar el hurto a viviendas, al comercio o el secuestro, que la violencia intrafamiliar, pero todo debe funcionar”.