A seis meses de las elecciones regionales en las que los ciudadanos elegirán alcaldes, gobernadores, concejales, diputados y ediles para el periodo 2024 – 2027, son varias las ‘perlas’ que empiezan a aflorar en el Tolima.

Entre las que ya son notorias y generan alerta están el alto número de inscripción de cédulas en Carmen de Apicalá, el avance de aspirantes camuflados en precandidaturas y el riesgo de violencias en los territorios.

Según un informe de la Misión de Observación Electoral, MOE, además de Carmen de Apicalá que está catalogada en riesgo muy alto, también están bajo el radar Suárez, Cunday y Santa Isabel, lugares en los que se registra una serie de  fenómenos que llaman la atención de autoridades del orden nacional.

El coordinador de la regional Tolima de la MOE, Cristhian Martínez Hernández, explicó que junto al programa de Ciencia Política de la Universidad del Tolima están haciendo seguimiento a las inscripciones de cédulas, trabajo que ya detectó varias atipicidades.

Precisó que en el caso de Carmen de Apicalá viene llamando la atención desde diciembre de 2022, debido al alto número de inscripciones de cédulas, incluso la MOE pidió que se hiciera una vigilancia especial, sin embargo, hasta el momento no se conoce un plan específico de monitoreo ni cómo se hará el trabajo investigativo.

“Nosotros le hemos pedido, entre otras cosas, a los personeros del departamento que hagan unas verificaciones aleatorias estadísticas de la información que reportan los ciudadanos en las fichas de la Registraduría para el cambio de puestos de votación”, esto teniendo en cuenta que entidades como Procuraduría, Fiscalía y Consejo Nacional Electoral (CNE), pueden acceder a los privados de las inscripciones.

Martínez mencionó que es importante que las autoridades den resultados a la ciudadanía sobre las indagaciones que adelantan sobre los posibles riesgos, para así brindar confianza en el proceso electoral.

Más votantes que habitantes

De acuerdo a la Misión de Observación Electoral, a corte del 29 de marzo en Colombia se tiene una tasa en la inscripción de cédulas de 16 ciudadanos por cada mil habitantes. Para el caso de Carmen de Apicalá hay un comportamiento que cuadruplica la media nacional.

“Qué está pasando en Carmen de Apicalá, Suárez, Cunday y Santa Isabel, qué fenómeno hay en el territorio que está llevando a que hayan estas altas tasas de inscripciones. ¿Se debe a procesos urbanísticos, a dinámicas del territorio entrada y salida de ciudadanos o hay algún patrón de criminalidad allí en esta zona, que está llevando a que personas de otros municipios estén inscribiendo sus cédulas para votar allí?”, cuestionó el también director del programa de Ciencia Política de la UT.

Para el caso de Santa Isabel y Suárez, las estadísticas muestran como si todos los habitantes fueran mayores de 18 años y estuvieron habilitados para sufragar, es como si en dichos municipios no hubieran menores entre los cero y 17 años, “algo totalmente ilógico en cualquier territorio del país, porque en todos los territorios hay niños, hay menores de edad que están en el sistema educativo público o privado, solamente la Constitución permite a las personas de los 18 años en adelante”.

MOE fue excluida

La capital tolimense no se escapa de las alertas, esto teniendo en cuenta que recientemente la MOE, sin razón de peso, no fue tenida en cuenta en un espacio de monitoreo. “Vemos con gran preocupación que la Alcaldía de Ibagué y en específico la Secretaría de Gobierno haya excluido a la Misión de Observación Electoral de participar en el Comité de Seguimiento Electoral del 27 de abril de 2023”. 

Según Martínez no se tiene conocimiento del porqué la Alcaldía está violando el decreto 2821 el cual establece que la MOE es un invitado permanente en estos Comités, “es la primera vez en el Tolima que una Administración municipal y más en la capital del departamento excluye a la MOE, nosotros somos la representación de la ciudadanía en esos Comités”.

 La presencia de este organismo quedó establecido a través del decreto 2821 de 2013 expedido por el Ministerio del Interior, por medio del cual se crean los Comités como máxima instancia de la toma de decisiones en el tema electoral.

De acuerdo al coordinador, en la cita del 27 se iban a plantear varias preocupaciones “que giran en torno a temas que pueden resultar incómodos para algunas autoridades, por eso hacemos las preguntas públicas.

“Le preguntamos a la Alcaldía de Ibagué cuál va hacer el plan para atender directamente el cumplimiento de su mismo decreto de regulación de la publicidad política, quién va a controlar esa publicidad política, cuándo y con quiénes se van a realizar esos operativos, cuál va a ser directamente el plan de choque para sancionar las candidaturas que están incumpliendo los decretos municipales y la resolución del Consejo Nacional Electoral de la publicidad política extemporánea”, dijo Martínez. 

Pero los interrogantes no paran allí, pues también hay dudas en los canales que tendrá la Alcaldía para recibir las quejas ciudadanas sobre publicidad en Ibagué y también se busca saber qué pasó con esos procesos y sanciones que se iniciaron a raíz de las elecciones de 2022, pues aunque la MOE y la Defensoría del Pueblo viene pidiendo los informes desde hace meses, a hoy siguen sin obtener respuestas. 

“Estamos pidiendo a la Procuraduría General de la Nación que investigue si esta acción por parte de la Secretaría de Gobierno como secretarios técnicos del Comité, puede deberse a una actuación disciplinaria irregular, al estar violando un decreto nacional donde crea los Comités de Seguimiento Electoral y establece quienes son los miembros de estos Comités”.

El tema no habría pasado desapercibido ante entidades como la Procuraduría, Defensoría del Pueblo y la Contraloría, por ello, pidieron a la Alcaldía de Ibagué que se modificara la lista de invitados del 27 de abril pues incluso el mismo Ministerio Público no había sido convocado. 

No obstante, el único cambio que se hizo fue el de incluir la Procuraduría pero se mantuvo por fuera a la MOE. “La Misión de Observación Electoral nunca ha sido un invitado silencioso en los comités, nosotros siempre hemos llevado una agenda académica que preparamos con base en el cumplimiento estricto de la normatividad. Nuestro objetivo siembre ha sido entregarle las preocupaciones ciudadanas a las autoridades para que se tomen medidas”. 

Cabe recordar que para el caso de Ibagué, los miembros principales del Comité son Contraloría, Personería, Registraduría, Defensoría del Pueblo, Fiscalía, Comandante de Policía y Alcaldía. El decreto 2821 además precisa en su artículo 6 que entre los otros invitados debe estar la MOE. 

Ante esta exclusión la Misión de Observación buscó respuestas, de acuerdo a Martínez desde la Secretaría de Gobierno Municipal se justificó que el Comité solo se iba hacer con los miembros principales.  

Lo ocurrido no es impedimento para que el informe que ya está listo sobre publicidad política extemporánea sea entregado directamente al CNE. 

Justamente, en el marco del II Foro Electoral la Procuradora General, Margarita Cabello Blanco, le recordó a los alcaldes que es importante mantener activas las Comisiones Municipales de seguimiento Electoral, “esos son espacios en donde pueden conversar todos sobre sus problemáticas, son espacios de carácter preventivo, sabemos que no son espacios de carácter decisorio, pero sirven para que a través de las diferentes entidades involucradas puedan tratar aspectos de relevancia en sus regiones y abordar problemáticas relacionadas con la transparencia y la afectación a ese derecho constitucional de participación democrática”.

Cristhian Martínez Hernández, coordinador de la regional Tolima de la MOE. 

El ‘madrugón’ de publicidad política 

Por medio de la resolución 331 del 12 enero de 2023 del Consejo Nacional Electoral se reglamentó toda la publicidad política, además la Registraduría también emitió directrices sobre el tema y aunque aún no es la época para ver mensajes publicitarios, ya hay violaciones a la norma. Según Martínez hay aspirantes al Concejo, Gobernación, alcaldías, entre otros cargos, que están utilizando como sombrilla ser precandidatos.

“Esa figura jurídicamente no existe, existe es candidatos y ciudadanos, los candidatos se pueden inscribir a partir del 29 de junio hasta el 29 de julio y después de esa fecha, pueden arrancar las campañas políticas, que es esa comunicación para tener el voto de los ciudadanos”.

El coordinador de la regional Tolima de la MOE precisó que por esta época solo está permitido la propaganda que tiene como objetivo la recolección de firmas a través de grupos significativos de ciudadanos que están inscritos ante la Registraduría. 

“Nos preocupa muchísimo que en el departamento está haciéndose campaña política anticipada, pero nos preocupa aún más el silencio de las autoridades municipales que no están tomando acciones concretas, no se conoce planes para contrarrestar esta publicidad ilegal o sancionar a las personas que están haciendo uso de la publicidad política anticipada”. 

Detrás del fenómeno de precandidaturas hay una serie de situaciones que quedan por fuera del radar, por ejemplo, el origen de los recursos con los que se financian diferentes tipos de actividades, esto teniendo en cuenta que no llevan una contabilidad autorizada por el CNE.

“No sabemos quién está financiando esos eventos masivos, de dónde provienen los recursos, quienes son las personas que están aspirando, por qué partidos. Esto lo que genera es un desequilibrio con aquellos candidatos que están esperando ‘destapar sus cartas’ después del periodo de inscripciones de cédulas”.

El Coordinador de la MOE reiteró que los eventos masivos o privados de ciudadanos que tengan como objetivo hacer proselitismo deben desarrollarse tres meses antes de las elecciones, para este caso desde el 29 de julio. Otro de los focos en los que desde ya se está llamando la atención es en las fiestas folclóricas de mitad de año, escenario que puede ser usado para impulsar aspiraciones políticas de forma extratemporal. Por ello, los interrogantes que giran es cuál será el plan de la Alcaldía de Ibagué y la Dirección de Espacio Público, esta última en concepto de la MOE tiene falencias para controlar la publicidad.

El importante papel de la ciudadanía 

En la tarea de vigilancia juegan un papel importante los ciudadanos, por ello la MOE tiene disponible la página www.pilasconelvoto.com y el número de WhatsApp 318 6496658, a través de estos medios se puede denunciar las anomalías que surgen alrededor de las elecciones. “La tarea de transparencia es un asunto de todos los ciudadanos, porque ellos ven lo que está sucediendo en los territorios. Siempre lo he mencionado, la corrupción en las entidades públicas arranca desde el financiamiento de las campañas y ese financiamiento se puede detectar desde abundantes reuniones políticas, publicidad abundante (...) los ciudadanos nos pueden ayudar con audios, sonidos y textos que lleven a las autoridades a identificar patrones delictivos allí”. 

En el ámbito regional

La tarea de vigilancia también está a nivel departamental, por ello, el próximo 3 de mayo se llevará a cabo una nueva sesión del comité de seguimiento electoral en la que la MOE hará presencia. En este espacio se pondrá sobre la mesa los indicios de violencia política que se estaría registrando en algunas zonas de la región, trashumancia electoral, una agenda descentralizada para visitar municipios.

Asimismo, se revisará la alerta naranja del Volcán Nevado del Ruiz y cómo puede afectar los puestos de votación que están en el área de influencia, por ello, se deberá plantear un plan de contingencia en dado caso que se eleve o mantenga la alerta. 

Otro escenario a evaluar es la seguridad en diferentes municipios del sur y norte de la región, tomando como referencia las alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo que en este momento adelanta una investigación “como la estamos haciendo nosotros también de levantamiento de información para los mapas de riesgo electoral, esto nos llevará a cruzar información con la Defensoría y empezar a ubicar municipios donde podamos encontrar coincidencias de los factores que analiza la Defensoría con los que analiza la Universidad del Tolima para la MOE”.

A parte de los posibles riesgos que genera la presencia de grupos armados al margen de la ley, las elecciones regionales suelen extenderse a discusiones más allá de las ideas, pues los discursos terminan siendo el medio para transgredir a los opositores tanto en plaza pública como en redes sociales. 

Por ello, diferentes autoridades invitan a que se hagan campañas y debates respetando las ideas, exigiendo transparencia en los resultados y a que la prioridad debería ser explicar sus propuestas o planes de gobierno, que a la final son las hojas de ruta para el desarrollo de los territorios. 

Festividades folclóricas serán vigiladas 

Por su parte, el gobernador del Tolima, Ricardo Orozco Valero, en su intervención en el Foro mencionó que se tiene en cuenta el tema de las festividades que arrancan en junio y se terminan extendiendo hasta septiembre, pues además del festejo folclórico departamental cada municipio agenda una propia festividad, “es un escenario en donde la MOE nos ha pedido permanente vigilancia para que esos escenarios de fiesta no sean permitidos para un tema publicitario y que no esté reglamentado”, precisó. 

Igualmente, el mandatario Seccional señaló que existe un significativo grupo de tolimenses que vive afuera de la región, pero siempre ejerce su derecho al voto en su terruño, dato que se debe tener en cuenta. 

En el caso de Carmen de Apicalá mencionó que a la fecha se están ofertando aproximadamente 10 mil lotes, lo que genera que se tenga mayor número de visitantes que les interesa adquirir bienes. 

En temas de seguridad llamó la atención sobre el sur del Tolima, zona en la que hay presencia de grupos al margen de la ley que tienen asentamiento en el marco de la ‘Paz Total’, “esperamos no tengan una incidencia real en estas elecciones, creo que es un sentir en otros departamentos como el Meta y Caquetá, donde estos actores sí han entrado a incidir de manera en la ciudadanía”. 

Cabe recordar que en varios municipios ubicados al extremo sur, se tienen alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo, motivo por el cual se mantendrá un monitoreo permanente con el apoyo de Fiscalía, Policía Nacional, Ejército, la misma Defensoría, para evitar que grupos ilegales interfieran el ejercicio democrático.  

De otro lado, Orozco Valero mencionó que se aumentaron 38 puntos de votación, por lo que hoy se cuenta con 497, esto significa que en el Tolima hay 3 mil 303 mesas, en este punto mencionó que se está revisando con la Fuerza Pública extender el acompañamiento en las nuevas mesas. Una propuesta sería apoyarse con los policías que están en formación. 

Y el secretario del Interior Departamental, Javier Triana, agregó en el tercer Comité regional se programará sesiones en municipios con el fin de escuchar diferentes actores para evaluar de cerca, esos riesgos que se pueden generar, también, se entrará a revisar la publicidad anticipada, además se socializarán las últimas resoluciones emitidas por Procuraduría y el CNE.

“Nos preocupa mucho todo Tolima, siempre hemos tenido especial cuidado en el sur, hay una problemática de las disidencias de las Farc, (sin embargo) en las últimas elecciones hemos tenido tranquilidad y no queremos que estas elecciones tengan alguna alteración”, precisó el funcionario. 

Cifras del Ministerio Público 

Ibagué fue el escenario del II Foro Electoral, el cual estuvo encabezado por la procuradora Margarita Cabello Blanco, en este espacio se entregó un panorama de cómo avanzan los procesos previos a las campañas electorales y el trabajo de vigilancia que se adelanta.

Entre los datos expuestos por la procuradora General es que para estas elecciones se han inscrito mil 372 grupos significativos de ciudadanos, 46 corresponden al Tolima y 40 de ellos aspiran a la Alcaldía de Ibagué y seis a concejos. 

“Hay algunos aspectos fundamentales a tener en cuenta durante el proceso electoral y a los que desde la Procuraduría General de la Nación les manifestamos que tenemos que ponerle especial atención, es la financiación de las campañas políticas, publicidad y la trashumancia electoral”.

Y al igual que la MOE, el Ministerio Público remitió alertas al CNE por alto número de inscripciones de cédulas en diferentes partes del país, lo que ha derivado hasta la fecha mil visitas por parte de personerías y procuraduría a los sitios en que se adelantan los procesos de inscripción. 

“En lo que respecta al Tolima se han inscrito 17 mil 480 ciudadanos. Los cinco municipios que registran mayor tasa de inscripción son Carmen de Apicalá, Suárez, Alvarado, Coello y Alpujarra, desde la Procuraduría General junto con nuestras personerías vamos a tratar de estar muy atentos para evitar que los inscritos de manera irregular con la intención de hacer trashumancia, elijan a las autoridades de otros municipios en los que ellos no pertenecen”, precisó Cabello Blanco. 

La funcionaria resaltó que el 20 de abril se conoció la circular 003, la cual está dirigida a dar directrices a las autoridades locales para que expidan lineamientos del orden policivo y sancionatorio con el fin de regular la propaganda electoral. 

Igualmente, recalcó que la lupa está puesta sobre los funcionarios públicos por ello recordó algunas de las conductas que deben evitar para que no incurran en procesos disciplinarios por participación en política. 

En el Foro también hizo presencia Alba Lucía Velasquez, magistrada de la Consejo Nacional Electoral quien hizo referencia a los posibles casos de trashumancia y dio a entender que además de las poblaciones inicialmente mencionadas, tienen el ojo puesto en Ambalema, Coello, Cunday, Natagaima, Ataco, Chaparral, Planadas y Rioblanco. 

De otro lado, mencionó que también hacen seguimiento a los recursos que se mueven en las campañas, por ello, es obligación rendir cuentas debidamente soportadas ante el CNE. 

Coincidió que se está aprovechando la oportunidad que tienen los grupos significativos de ciudadanos encargados de recolectar de apoyos, para hacer propaganda política de aspirantes. 

“En este momento todavía no hay candidatos, entonces hemos tomado la decisión de aperturar las investigaciones y dejarlas en ‘salmuera’ hasta que termine las inscripciones y si la persona contra la que se hizo la denuncia termina siendo candidato, eso se tendrá como un indicio grave en la investigación que se abra”.

DATO: Con respecto a trashumancia electoral las autoridades que pueden implementar acciones es el CNE que puede anular administrativamente la inscripción del ciudadano y la Fiscalía que puede aplicar cargos por fraude en inscripción de cédulas. Este delito puede llevar a la persona a la cárcel entre 4 y 8 años, se considera agravada si es cometida por un funcionario público.

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