Ya entró en vigencia el decreto de emergencia económica y social en La Guajira, con el que el gobierno Petro quiere hacerle frente a la calamidad que está seguro que ocurrirá en ese departamento.

Ese documento también le otorga poderes al mandatario para dirigir recursos, agilizar procesos de contratación y hasta implementar un nuevo capítulo de la reforma a la salud. En pocas palabras, el Gobierno Petro va a poder intervenir los problemas de pobreza, desnutrición y enfermedades de manera directa a partir de decisiones con fuerza de ley, sin que tengan que tramitarse en el Congreso.

Sin embargo, la Corte Constitucional le tendrá que poner la lupa al decreto para evaluar si es pertinente, o no. Lo cierto es que esa decisión está amparada en dos normas: por una parte, es una figura consagrada en el Artículo 215 de la Constitución Política a la que varios exmandatarios han acudido, por ejemplo, el expresidente Iván Duque, durante la pandemia Covid-19.

Por otro lado, la cobija un fallo de la Corte del 2017, en la que se declaró el estado de cosas inconstitucionales en La Guajira, desde entonces, los gobiernos han tratado de solucionar la problemática, hasta ahora sin éxito.

Incluso, entidades internacionales como la Relatoría Especial sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Redesca) alertó, a finales de 2022, que los problemas que señaló el alto tribunal hace ya seis años, seguían sin tener una solución de fondo. Y con ellos, los más afectados seguían siendo las poblaciones vulnerables como los niños y comunidades indígenas.

Pero ¿qué facultades le daría el nuevo decreto al Gobierno? El documento que se firmó en la noche de este domingo, el 1085 de 2023, pone en marcha el plan de Petro para declarar el estado de excepción tras una semana de trabajo desde esa región. Así mismo, los cuatro artículos dejan en firme los alcances que tendrá el Presidente para atender la crisis durante los próximos 30 días que pueden extenderse hasta máximo 90 días.

Por un lado, el artículo 3 indica que el Gobierno va a poder disponer de las operaciones presupuestales necesarias, en pleno periodo electoral, para enfrentar la emergencia. Es decir, con la excusa de atender la crisis en La Guajira, podrá contratar directamente a personas naturales y jurídicas para la ejecución de proyectos en el departamentos con plata del Estado.

A eso se le suma que “el Gobierno nacional adoptará mediante decretos legislativos todas aquellas medidas adicionales necesarias para conjurar la crisis e impedir la propagación de sus efectos”.

Para ello, el Gobierno priorizó 11 sectores: salud; agua y saneamiento básico; agropecuario y rural; medio ambiental; educación; energía; transporte; tributos e inversiones; inclusión; tecnologías de la información y las comunicaciones, y medidas presupuestales; planeación y contratación.

El más polémico hasta ahora ha sido el sector salud, puesto que Petro espera implementar la polémica reforma a la salud, la misma que hasta le generó una crisis ministerial. En ese punto, el decreto resalta que se dispondrá de un mecanismo administrativo y financiero que permita la intervención directa en cuanto a garantizar el acceso a suministros, bienes y servicios, por medio de “recursos excepcionales necesarios”.

Sin embargo, la decisión no cayó bien en varios sectores políticos, entre ellos, la oposición que apunta a que no era necesaria esa figura y menos expedir leyes para atender una crisis de tal magnitud. “Ni el acceso al agua ni la desnutrición tienen nada que ver con la expedición de leyes en Colombia. Creo que el presidente Petro trata de ilusionar a la población de La Guajira”, señaló la senadora Paloma Valencia.

Lo cierto es que esta decisión de Petro recuerda el episodio que en su momento vivió el expresidente Juan Manuel Santos cuando en 2015 decidió decretar una emergencia económica en varios municipios de ese departamento, pero finalmente no se pudo solucionar la crisis de fondo.

Con ese precedente, llegó el Estado de Cosas Inconstitucionales por parte de la Corte. Sin embargo, La Guajira sigue sumida en una crisis sin una aparente solución.

Lo que sigue será esperar si en los próximos 30 días el decreto de emergencia de Petro aliviará de alguna manera las problemáticas de la región más golpeada por la desnutrición infantil, el carente acceso al agua potable y la deficiente cobertura en salud. Eso si la Corte no decide tumbarlo al no considerar que sea un caso sobreviniente o imprevisto como una avalancha o una pandemia.

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