La gobernadora encargada del Tolima, Olga Lucía Alfonso, dio a conocer, luego de una sesión del Consejo Superior de la Universidad del Tolima, que en el marco de este encuentro se habían denunciado problemas de seguridad al interior de la institución tras los hechos ocurridos en el Jardín Botánico, donde una joven, al parecer, fue drogada y posteriormente abusada.

Además de esta situación, por medio de un documento se expusieron otras actividades no permitidas al interior de la universidad, como el libre consumo de alucinógenos y bebidas alcohólicas, que como consecuencia traen otros inconvenientes, entre ellos daños a la estructura física del centro de educación superior.

Igualmente se mencionaron algunos actos de violencia, como el de la destrucción de los ventanales de la sala de reuniones del grupo de investigación Biodiversidad y Dinámica de Ecosistemas Tropicales, en retaliación al llamado que le hicieran funcionarios a estudiantes que fumaban marihuana al lado de este recinto.

A lo anterior se suman robos de dinero a personas que hacen retiros en el cajero del Banco Popular de la universidad, ya que se ha conocido que, como sucede en otras entidades financieras de la ciudad, una persona desde el cajero llama por celular a otros que están afuera para efectuar el hurto.

Ante estos casos, vigilantes de la institución que han intentado impedir estas irregularidades han sido sometidos a ultrajes, agresiones e incluso intentos de sanciones disciplinarias por parte del alma máter al impedir el consumo de drogas, ya que los infractores son escuchados en sus quejas.

Una situación grave que se sacó a relucir sucedió el 27 de mayo último, cuando fueron encontrados 19 jóvenes encapuchados que desfilaban por los senderos del Jardín lanzando petardos contra grupos de consumidores de alucinógenos; según la denuncia, presuntamente se trataba de una organización que exige a los jíbaros su participación en la utilidades, es decir una ‘vacuna’.

Es por esto que piden aplicar medidas de control en el ingreso a la institución de personal y estudiar el tema de los comportamientos dentro la misma. 

Las medidas

Ante esta situación, Alfonso informó que tras las lecturas de los comunicados se enumeraron unas recomendaciones para combatir esta problemática. “Se leyeron unas comunicaciones con una nota que envía el Director del Jardín Botánico al Consejo Superior haciendo un recuento de algunas circunstancias que ocurren al interior de la universidad; (ante ello) se hicieron fue unas recomendaciones por parte de algunos consejeros en materia de este tema de la seguridad al interior de la universidad”, expresó.

“Sin embargo, el rector de la universidad y la administración plantean que es un tema difícil de abordar, que es una problemática que se vive al interior de todas las universidades públicas del país, que es un tema cultural, de educación y de salud pública y que en ese sentido debe abordarse la problemática y ellos han puesto en ejecución una serie de proyectos y programas con el ánimo de entregarle a los estudiantes formación, capacitación, ayuda psicológica y otras estrategias”, acotó.

Por otra parte, a esta redacción llegó un documento en el cual se indica que la División de Servicios Administrativos, Vicerrectoría Administrativa y Vicerrectoría de Desarrollo Humano enviaron una circular desde el año 2007 a la comunidad universitaria recordando que está prohibida la venta y el consumo de licor y de drogas psicoactivas, al igual que relizarar control permanente para el acceso de personas ajenas al plantel.

Lo anterior, según se conoció, con el fin de dar cumplimiento del Decreto 1108 de 1994, del Estatuto Nacional de Estupefacientes, en el que se prohíbe el consumo y la venta de estupefacientes y sustancias psicotrópicas en los centros educativos, decreto que ha sido vulnerado y es necesaria la intervención de las autoridades pertinentes.

Otra carta al Consejo Superior

Funcionarios y docentes de la Universidad del Tolima también hicieron llegar otro documento al Consejo Superior en que rechazan las “acusaciones difamatorias” en contra de la institución y el rector Jesús Ramón Rivera y demás funcionarios. Piden que hasta que no se emita una sentencia condenatoria se protejan los derechos constitucionales de la presunción de inocencia y el debido proceso.

Además, hacen una relación de la gestión adelantada por el rector como el hecho de haber pasado de 48 a 86 programas académicos, 36 grupos de investigación registrados en Colciencias y la publicación de 140 artículos en el año 2010.Así mismo, dan a conocer que el Gobierno departamental “no ha girado los correspondientes aportes desde el año 2004, alcanzando en la presente vigencia una deuda por concepto de transferencias de alrededor de 72 mil millones de pesos”.

 
Durante el Consejo

Por su parte, la Gobernadora encargada afirmó que leídos los comunicados y atendiendo los llamados, y tras las denuncias hechas en contra la universidad, “se hizo una recomendación al rector en materia de hacer una revisión del convenio que la universidad tiene, por objeto de la última información que se ha tenido, de las posibles circunstancias irregulares en el manejo, no de este convenio con la universidad, sino de los convenios que el alma máter tiene suscritos con el Distrito Capital”.

Así mismo, dijo que durante el Consejo “se presentó un informe que preparó la comisión que el Consejo Superior designara en donde se establece que hay una familiaridad entre personas que están en la universidad, bien sea por la vinculación de servicios, como provisionales o las personas de carrera”.