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Por medio de un comunicado, la Procuraduría General de la Nación, anunció que en ejercicio de sus funciones preventivas, solicitó al alcalde de Espinal, Juan Carlos Tamayo, considerar la suspensión de actividades con presencia de público en la versión 142° del Festival Nacional de San Pedro, que culmina el 3 de julio, debido a la inexistencia de preparación previa y acorde al nivel de riesgo que representa el desarrollo de este evento.
Según se reseñó, el órgano de control requirió al mandatario que, “en su papel de garante, actúe con la diligencia que su cargo demanda y considere la opción de suspensión de las actividades que involucren aglomeraciones de público complejas, hasta tanto se den las condiciones adecuadas para su realización”.
Asimismo, recalcó, que el propósito es evitar hechos lamentables como los acaecidos hace más de un año, cuando el desplome de palcos en la plaza Gilberto Charry dejó un saldo de cuatro personas fallecidas y más de 300 heridos.
En el marco de este seguimiento y vigilancia, la Procuraduría destacó el oficio No. 1174 de la Personería del municipio de Espinal, en el que expone la grave situación frente a la falta de planificación y organización de las fiestas “al no existir claridad sobre la implementación de los Planes Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres (PMGRD) y las Estrategias Municipales de Respuesta a Emergencias (EMRE), así como de la verificación de los Planes de Emergencia y Contingencia (PEC) con los que deben contar las empresas organizadoras de eventos masivos”.
Así pues, la entidad recordó que estos lineamientos están establecidos tanto en la Guía Técnica para la Reglamentación Local de Eventos con Aglomeración de Público emitida por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, como en la Circular 007 del 06 de diciembre de 2022 de la Procuraduría General de la Nación.
De acuerdo con el órgano de control, con los antecedentes de hace un año en las mismas fiestas, se “demanda una mayor atención, preparación y cumplimiento de las normas, lineamientos y protocolos que en materia de gestión de riesgo de desastres existen y que no está de más decirlo, le han sido reiterados por el Ministerio Público en pleno”.
En ese orden de ideas, la Procuraduría recordó que ha venido realizando vigilancia preventiva a la organización y realización de festividades tradicionales a nivel nacional, para reiterar a los mandatarios locales el cumplimiento de sus obligaciones legales frente a la organización y realización de eventos masivos que impliquen aglomeración de público y actividades de entretenimiento con uso de animales.
Ante el pronunciamiento del ente de control, esta redacción intentó conocer la postura del alcalde Juan Carlos Tamayo, sin embargo, al cierre de esta edición no se obtuvo respuesta. No obstante, cabe señalar que en el marco del lanzamiento oficial del Festival, realizado la semana anterior, donde además sostuvo que la inversión correspondía a $4.360 millones, Tamayo aseguró que se han cumplido, en su concepto, con todos los requisitos.
En aquel momento, el burgomaestre se defendió ante los cuestionamientos que afloraron en torno a la millonaria inversión, “me señalan que por qué tan costosas las fiestas, estamos en campaña política, en donde hay que buscar un argumento para molestar al alcalde”, advirtió sobre “enemigos” de las fiestas y contó que “por dos o tres bandas delincuenciales” no se iban a suspender las mismas.
DATO
El pasado 26 de junio se adelantó una eucaristía y velatón por las víctimas que dejó la caída de los palcos.
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