Una dura controversia se desató entre la Alcaldía e ingenieros interesados en la licitación más costosa de tres abiertas para reparación de vías y a punto de adjudicar por la administración local.

Al menos cuatro de los interesados reclamaron por supuestas anomalías y la manera desigual en que el Municipio, dicen, manejó sus propuestas, pero la denuncia más fuerte la elevó el consorcio Vías Ibagué 2011.

El abogado Orlando Arciniegas, en representación de la firma, habló sobre una “confabulación” entre un grupo de ingenieros, de los que, se escucharon comentarios en la audiencia, serían los contratistas “estrella” de la actual administración local.
    
Copia de proceso a Fiscalía
Arciniegas dejó sentada en el acta de la audiencia una petición para que el Gobierno local remita copia del proceso a los órganos de control y a la Fiscalía.

“Al menos con el nuevo Estatuto Anticorrupción hay un tipo penal que habla sobre la confabulación”, expresó.

El abogado trajo a la audiencia una copia del documento con que varios de los consorcios que se postularon demostraron la disponibilidad de una máquina llamada “finisher”.

El primer hecho extraño que señaló es que en todos los casos las firmas acreditan la posesión con un manifiesto de aduana, cuando este “no es la vía idónea” para hacerlo.

Agregó que a todos les llenaron un mismo formato y el propietario le firmó la “disponibilidad a los 12”.

“Estamos cansados de decir que aquí hay un cartel de 12 contratistas, que son los que presentan ofertas, que las anexan con documentación incompleta, a propósito, dolosamente”, afirmó. pe

Explicó que al dejar estos proponentes los cabos sueltos al momento de calificar hay un orden y al retirarse uno de los interesados, varía el cálculo de la calificación.

“Por ejemplo, si se presentan 12 firmas sacan un promedio, en que la media geométrica varía con uno. Esto hace que al calificar miren quién va a ganar para no subsanar los otros la documentación”, indicó.

De otro lado, se dieron reclamos contra la Alcaldía por no permitir que algunos interesados subsanaran documentos, al decidir la Administración cuáles  están o no relacionados a los requisitos inhabilitantes, que son los únicos que se pueden modificar.

“Aquí se presenta una corrupción que los medios han venido denunciando; las autoridades no le ponen cuidado y pareciera que ni la Procuraduría o la Fiscalía miran hacia Ibagué. Los temas no les parecen importantes y esta es la oportunidad para que en esta ciudad se estrene el Nuevo Estatuto Anticurrupción”, finalizó Arciniegas.

¿Trato desigual?
El incidente que detonó el inconformismo entre la mayoría de ingenieros interesados es que le aceptara el Municipio a uno de los oferentes, hoy de los más opcionados, subsanar documentación que tendría relación directa con la capacidad económica demostrada para asumir la obra. De este modo, en su intervención algunos de los ingenieros se quejaron al no tener certeza de lo que llaman “K de contratación” de los consorcios PCZ, EE y RC. En estos al parecer figuran algunos de los contratistas que regularmente trabajan para la Alcaldía como Luis Francisco España, Giovanna Castiblanco, Martha Urquija y los hermanos Héctor y Fabían Morales.

Caso complejo
El tema de la Alcaldía permitirle subsanar un documento a uno de los consorcios sería mucho más complicado. El representante legal del consorcio Vías Ibagué 2011, Manuel Guillermo Ovalle, señaló que el aceptar errores se presta para “indelicadezas” y el tiempo les dio la razón. “Apareció un interesado que no era muy competitivo cuando se destaparon las propuestas y apareció después un error muy bien acomodado y coincidencialmente, ese mismo proponente tiene un contrato (actualmente en ejecución) en entredicho. La administración local no puede saber su K residual porque estos pidieron un cambio en la conformación del consorcio con que ganaron una licitación y la Alcaldía, de forma ligera y sin motivación, les aceptó. Ahora, después de un año, se les olvida eso y presentan los papeles para esta licitación como si no hubieran cambiado (la conformación del consorcio anterior) y muy folclóricamente les dan una admisibilidad, no sabiendo que lo importante no es el documento como tal sino que no pueden inferir ni saber cuál es el K de estos contratistas que tiene tantos contratos y trabajo en la administración municipal”, afirmó.

El enredo
Para entender la situación, hay que saber que la capacidad económica de una firma para licitar por una obra se ve reducida al presentarse teniendo otros contratos en ejecución. En este caso, el consorcio cuestionado, EE, del ingeniero Luis Francisco España habría ejecutado un proyecto para la Alcaldía anteriormente, en que uno de sus asociados tendría más de un 30 por ciento de participación. Luego antes de terminar de ejecutar este, en otro consorcio al mismo socio le fue adjudicada otra obra, que está en ejecución, pero pidieron a la Alcaldía reducir la participación de éste, a menos del uno por ciento. La misma Alcaldía hace caer en cuenta del error del K de Contratación de EE en el acta de la anterior audiencia de adjudicación, en la que dice que tiene 0.2 por ciento de participación en el contrato y no más del 30 . “No sé por qué razón hicieron ese cambio, es la primera vez que un proponete pasa del 34 por ciento al 0.2 por ciento”, finalizó Manuel Guillermo Ovalle.

Entre las inconformidades de los proponentes figuran las siguientes
1 El consorcio GH7, prepresentado por Jhon Jairo Peña, reclamó a la Alcaldía por no publicar en el Portal Único de Contratación las respuestas a las observaciones surgidas en la suspendida audiencia anterior, pese a que los únicos documentos que impide hacer visibles son los de reserva.
2 No se manejaron dos sobres de propuestas
3 La Alcaldía no publicó el análisis de precios unitarios, por lo que para algunos de los asistentes no se cumplió con el requisito de publicidad
4 En la audiencia la Alcaldía no mostró intención de dejar elevar nuevas observaciones por la posibilidad de que se convirtiera la licitación en un círculo vicioso y nunca se adjudicara, pero luego de los reclamos de la mayoría de oferentes, al final accedió a escuchar las quejas..

LA CIFRA
Mil 301 millones 551 mil 288 pesos es el monto del cuestionado contrato 024 de agosto de 2011.