Controversia desató en los últimos días la compra por parte de la Contraloría Municipal de una camioneta para el desplazamiento de la cabeza del ente de control, Rafael Enrique Bernal Poveda, quien ha sido criticado recurrentemente por concejales de Ibagué debido a sus continuos periplos de servicio viaticados por todo el país y recientemente al extranjero.

La licitación para la adquisición del vehículo se dio luego de que el Gobierno local decidiera dar por terminado el pasado 11 de mayo, un comodato firmado para la asignación de un automotor, que está en poder de la entidad desde 2009.

El secretario Administrativo del Municipio, Eugenio Villanueva, confirmó que todos los gastos anexos los asume el Gobierno local, al ser el propietario del móvil. Esto, según él, incluye la gasolina, las reparaciones, repuestos y documentación, estando a cargo del ente fiscalizador el chofer.

No lo ha devuelto

El funcionario aclaró que, hasta el momento, la Contraloría no ha devuelto la camioneta, que pidió regresar por la necesidad urgente que existe de la misma en el Municipio.

En el registro del Sistema Electrónico para la Contratación Pública, Secop, el contrato de compra de la nueva camioneta del Contralor se firmó el pasado 10 de agosto, teniendo un plazo de ejecución de “30 días calendario”, que  habría terminado la semana anterior.

Pero el comodato de la camioneta no es el único apoyo que ha prestado la Alcaldía durante este periodo.

El Municipio firmó varios convenios con el Contralor, uno de ellos para ayudar a la certificación de calidad de la entidad (ver lista) y otros para labores de capacitación de veedores, quienes eran los encargados de ejercer vigilancia a la gestión del mismo ente que apoyó los talleres.


LISTA

Estos son algunos de los convenios que la Alcaldía entabló con La Contraloría Municipal entre 2008 y 2010, girando con estos, por ejemplo, recursos para apoyo institucional, la mayoría firmados por la secretaria de Apoyo a la Gestión, Martha Mirella Peña:

1 019, 14 de marzo de 2008: no contabiliza el aporte en dinero. Su objeto es la “capacitación y formación del ejercicio de veeduría ciudadana como apoyo crítico” a las políticas públicas estatales “en la lucha contra la corrupción”. De este modo, señala, prestará apoyo con recurso humano, logístico y técnico que se requiera, por su parte, la Contraloría tenía que adelantar las capacitaciones


2 109 del Primero de Julio de 2008 por cinco millones 211 mil pesos: para aunar recursos entre la Alcaldía y la Contraloría para culminar el proceso de certificación y acreditación del sistema de gestión de calidad del órgano de control, bajo la norma Ntcpg 1000:2004. El Municipio aportó el dinero y la Contraloría, “su capacidad operativa para el logro del objeto propuesto, que no implica erogación alguna”

3 009 del 11 de febrero de 2009: De nuevo para la capacitación de los veedores. No cuantifica en dinero el aporte de las partes, pero asigna una duración al convenio de tres años, durante los cuales la Alcaldía se compromete con el recurso humano, logístico y técnico “que se requiera”

4  099 del 15 de mayo de 2009: por un millón 731 mil 700 pesos: convenio entablado con el secretario Administrativo de la Alcaldía, Eugenio Villanueva, para que la Contraloría atendiera “la visita de seguimiento al sistema de gestión de calidad bajo los requisitos de la norma ISO 9001:2000-Ntcpg 1000”


5 013 agosto 24 de 2010. Por cinco millones 500 mil  pesos: También adelantado con la Secretaría Administrativa para “la visita de seguimiento al sistema de gestión de calidad bajo los requisitos de la norma ISO 9001:2000-Ntcpg 1000”

6 022 del 27 de marzo de 2008: la cuantía en dinero del convenio no está especificada, pero es para ayudarle a la Contraloría a cumplir con una sentencia laboral del Tribunal Administrativo del Tolima, que le reconoce el pago a Orlando Gallego Calderón de 374 mil pesos por cesantías definitivas y una indemnización moratoria por “no pago oportuno de dichas prestaciones” del 3 de agosto de 2000 hasta que se cumpliera con la obligación. El órgano de control justificó la ayuda en que el saldo del fondo para  sentencias judiciales era de 100 mil pesos.


El nuevo carro

La  camioneta de la Contraloría fue comprada mediante un proceso de subasta inversa, por 91 millones 400 mil pesos, ganada por la empresa Auto Unión S.A., que al parecer es un distribuidor de la marca Hyundai. En el Secop el contrato aparece celebrado, pero la fecha del acto de firma no coincide con la de publicación. El contrato es del 10 de agosto de 2011, y el registro de su carga a la página del Gobierno es de 19 días después. Ni en las especificaciones técnicas del vehículo ni en el acto contractual figura la marca, indicando que es un 4x4, de motor diésel, con inyección, de mil 800 a dos mil centímetros cúbicos de cilindraje, seis velocidades, con cinturones de seguridad y airbag para el conductor. Transmisión mecánica, dirección hidráulica, bloqueo central, vidrios eléctricos y aire acondicionado.

LA CIFRA

2.353 millones de pesos es el presupuesto asignado por la Alcaldía para el funcionamiento de la Contraloría, según informó Hacienda Municipal.