El Ibal es una de las empresas de acueducto a las que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios obligó a devolverle dinero a sus usuarios.

En un comunicado, la entidad explicó que se trata de cobros no autorizados que deberán reembolsarlos “en las próximas semanas”.

No precisó cuánto es el monto calculado para cada una de las firmas condenadas, pero sí que suma mil 630 millones de pesos lo que debe retornar a los bolsillos de sus clientes las siete empresas que efectuaron liquidaciones anómalas de la facturación de los servicios de acueducto y alcantarillado.

Entre los hechos que llevaron a la decisión de la Superintendencia está   la “inadecuada aplicación de la metodología tarifaria definida por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, CRA”.

Así mismo, errores de facturación e inadecuada aplicación de normatividad relacionada con los subsidios y contribuciones aprobados por los municipios.

Para devolver el dinero, las firmas deberán establecer un cronograma e informarle a la Superintendencia de Servicios cuál es la mecánica que acogerán, si descuentos en facturas o dinero en efectivo.
    

Gerente del Ibal, sin enterarse

Libardo Gutiérrez, gerente del Ibal, aseguró que no conoce de la situación. “No ha llegado ninguna comunicación de la Super requiriendo eso. Hace 10 años sí se suscitó la temática pero en el momento no nos ha llegado algo”, dijo que tampoco hay procesos en curso.


EN SÍNTESIS

Las empresas de acueducto y alcantarillado del país que deberán devolver los cobros no autorizados que les aplicaron a sus usuarios son Espuamazonas de Leticia; Empresas Públicas del Municipio de Santuario, Antioquia; Empresas Públicas de Armenia, Quindío; Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado de Ibagué, Tolima; Aguas de la Sabana en Sincelejo; Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio, Meta y la Empresa de Obras Sanitarias de Caldas.