Posterior a su vinculación como celador por tiempo indefinido del Hospital Federico Lleras Acosta en el año 1994, el señor Pérez Contreras, fue reasignado a la USI por el contrato a término indefinido 079 de agosto de 1997, cumpliendo el artículo 25 del acuerdo 077 del 24 de diciembre de 1996, donde menciona la reubicación de los empleados de los centros de salud intermedios, quienes conformarían sin solución de continuidad el personal de la empresa creada.

Según el señor Pérez Contreras la respuesta emitida a la demanda colocada contra la USI, fue proferida en el año 2004 por el Juzgado Segundo Laboral del circuito de Ibagué, quien establecía el pago de cuatro millones 225 mil pesos por las dotaciones de los años 1999, 2000 y 2001.

El valor no fue cancelado por cumplir el fallo de segunda instancia emitido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial, Sala de Decisión Laboral, quien revocaba la primera sentencia proferida.

Según Adán Ruiz Alvis, profesional especializado de la oficina de personal de la USI, “el fallo de primera instancia del 15 de octubre de 2004, en sala laboral, determinó que el señor Víctor Hugo no es un trabajador oficial, sino un empleado público y las convenciones colectivas aplican para los empleados oficiales y no para empleados públicos. A raíz de eso y estando en firme la sentencia del tribunal él quiere continuar pidiendo que se le respete la convención colectiva”.

El funcionario de la USI, además, manifestó que en la actualidad no existe inscrita ninguna organización sindical en la institución de salud, ni existe acuerdo firmado de convenciones colectivas del trabajo entre la Unidad de Salud de Ibagué y la organización sindical Anthoc, argumentos que la entidad mantiene para enfrentar las exigencias del señor Pérez Contreras.

Posterior a la apelación presentada por el demandante, favorecida en la Sala de Casación Penal, Sala de Decisión de Tutelas 1 de la Corte Suprema de Justicia, inició el proceso investigativo en el Ministerio de la Protección Social en contra de la USI, quien en el año 2008 sancionó a la entidad con la suma de cuatro millones 615 mil pesos, multa aumentada a 53 millones 560 mil pesos en al año 2011, por el incumplimiento del centro asistencial a la primera resolución del ministerio.