Voces con argumentos en contra de la prohibición de la circulación del parrillero hombre en moto llenaron el recinto del Concejo municipal en su primera sesión del año.

La discusión la programó el cabildo luego de que el alcalde Luis H. Rodríguez no mostrara una posición clara frente a la continuidad o no de la medida.

El comandante de la Policía Metropolitana, coronel Fernando Murillo, hizo una exposición de las acciones de seguridad, refiriéndose muy someramente al tema de la restricción del parrillero hombre.

La concejala Érika Ramos fue la primera en dejar sentada su posición. Manifestó que nunca le fueron suministrados por el Municipio informes que demostraran la incidencia de la medida en la seguridad.

Reclamó porque la Alcaldía ha estado implementando la estrategia de manera permanente mediante actos administrativos temporales, de dos o tres meses de duración.

Señaló que al vencer los decretos, el Municipio no le da a los motociclistas o a la ciudadanía suficiente tiempo para reaccionar cuando ya ha emitido otros nuevos, alegando que así se mejora la seguridad.

Agregó que si bien los actos administrativos son legales al tener el Alcalde la autoridad para expedirlos, también la legalidad la valida el que exista un respaldo de la ciudadanía.

“Para esa legalidad y gobernabilidad me parece interesante que abran una convocatoria ciudadana y no se tenga al motociclista estigmatizado”, afirmó.

Recordó que los conductores de dicho medio de transporte han sido señalados públicamente de “ladrones” o “generadores de desorden” y que violan las normas viales.

La concejala además desvirtuó las estadísticas que presenta la Policía porque son elaboradas sin tener claro quiénes son los motociclistas de Ibagué, “qué hacen, a qué se dedican” y dónde están, es decir, sin existir una caracterización.

Llamó a que no sólo con los conductores se genere estrategias conjuntas para mejorar la seguridad, sino también con los ciudadanos.

Recordó que en su presentación durante el debate del Concejo el comandante de la Policía Metropolitana, coronel Fernando Murillo, reveló que los ibaguereños en ocasiones no están denunciando cuando ven conductores en moto en situaciones sospechosas, y en otros casos no lo hacen después de que se ejecuta el delito.

“A la gente le da miedo denunciar porque no encuentra el respaldo para que sea efectiva y que no los vaya a perjudicar después”, expresó Érika Ramos.

Para ella, otro asunto que debe tener en cuenta el Gobierno local es que la mayoría de las motos no son adquiridas para “recreación” o por personas de estratos altos, sino son usadas por necesidad en los estratos Uno, Dos y Tres.

La concejala del partido Mira aclaró que la Alcaldía no tiene competencia para dictar normas de tránsito de carácter permanente.

“El Código Nacional es muy claro, también la Ley 169 en su artículo Segundo, señala que la motocicleta es un vehículo para dos personas, lo mismo está registrado en la tarjeta de propiedad”, afirmó.

Por último, cuestionó además que la Policía relacionara la baja en la accidentalidad en motos con la restricción del parrillero hombre.

Pidió a la Administración local tomar en cuenta durante el consejo de seguridad en el que revisarán la medida  las apreciaciones que expuso.

Medida “peligrosista”
El concejal del partido Liberal, Camilo Delgado, expuso que no es normal que la comunidad soporte medidas, a partir del simple hecho de sacar una disposición que calificó de tener un ánimo “peligrosista”.

Explicó que en el Código Penal no es dable la tipificación de conductas con base en meras suposiciones peligrosistas, como la que “el parrillero es un delincuente en potencia”.

Desvirtuó que existan argumentos para asegurar que la restricción incide en la seguridad.
“Es una norma que afecta los derechos a la libre movilidad y a la propiedad. Su transitoriedad convirtió a la prohibición de parrillero en permanente y eso es grave, delicado”, dijo.

Habló también sobre la estigmatización de las personas simplemente “por tener un tipo de vehículo” involucrándolas con delitos que si son revisados “muchos de ellos no pueden tener relación directa” con las motos.

“Hasta qué punto vamos a recuperar el espacio público de la zona céntrica prohibiendo el parrillero; de qué manera va a tener incidencia en el expendio de estupefacientes; cómo vamos a combatir la vigilancia informal, esa célula del paramilitarismo urbano, con la prohibición”, aseveró.

La voz
Eduard García, presidente de la Liga de Motociclismo del Tolima señaló como importante la discusión entre los nuevos concejales.

“Estamos representados con los cabildantes Jorge Bolívar, Érika Ramos, Camilo Delgado, que están interesados en defender el derecho a la movilidad”, indicó. Añadió que en Ibagué, detrás de una moto hay una familia, lo que obliga a “poner en un balanza” los beneficios y las afectaciones de la prohibición.

“La verdad, lo más claro es que el más afectado es el motociclista. Somos un gremio grande en la ciudad (más de 50 mil) y estamos buscando el apoyo de la administración local y la Policía para hacer frentes comunes, no chocar sino apoyarlos con ideas, proyectos, campañas de denuncia, para aportar en el buen manejo de la movilidad y la disminución de la delincuencia”, afirmó.

Eduard García confirmó que el alcalde Luis H. Rodríguez les prometió en campaña que eliminaría el decreto del parrillero, pero aclaró que entienden la postura actual del burgomaestre, que desea revisar la situación y los indicadores de la Policía.
“Está abriendo un espacio para escuchar a los motociclistas, a los concejales que nos representan y concienciar a la Policía de que el decreto no es un bien para los ciudadanos”, finalizó.