Desde el 2004, César Casabianca Sánchez vive un verdadero vía crucis como propietario de la finca Pinares, ubicada entre Villarrestrepo y Juntas, en la vereda Vega Larga.

El 23 de septiembre del 2004, Casabianca solicitó a Cortolima la autorización para ejecutar unas obras que permitieran el retorno normal del río Combeima, luego de que cambiara de cauce e invadiera parte de su propiedad.

Cortolima, a través de la resolución 1385 del 13 de diciembre del 2004, expedida después de dos meses, autorizó a Casabianca iniciar la construcción de unos jarillones con material del mismo río.

Contó a esta redacción, César Casabianca, que todo hasta el momento iba normal.

“Yo inicié las obras y construí los jarillones para detener el cauce y los estragos que estaba causando en mi terreno”.

Pese a la normalidad con la que transcurrían los hechos, en el 2006, un año después, Ancízar Álvarez, vecino de la finca Pinares, destruyó los jarillones que se habían construido, argumentando que estaban en su propiedad.

Casabianca, por su parte, aseguró que notificó, en su debido tiempo, “el abuso” a Cortolima, entidad que hizo caso omiso a dicha notificación.

Fuera abajo
Además de solicitar la autorización para la construcción de los jarillones, César Casabianca gestionaba con Cortolima la tala de una plantación de Eucalipto, Pino y Urapán con más de 25 años, demostrado en el oficio número 009307.

Sin embargo, Cortolima no aceptó ninguna de la solicitudes, argumentando que previamente debía realizarse una visita a la finca Pinares “por parte de un funcionario de la subdirección de Calidad Ambiental y un inventario forestal respectivo”.

“No autorizaron cortar los árboles que yo había plantado. Aquí cualquier tempestad me los tumba y no puedo hacer nada porque Cortolima no me deja”, concluyó Casabianca.

“Yo debo pagar los platos rotos”
Siguiendo con las quejas hacía Cortolima, el 25 de marzo de 2006, Casabianca instauró una queja oficial ante el inspector rural de la policía de Juntas, al parecer, María Clara Sánchez de García, vecina y habitante de la finca El Cedral, taló algunas guaduas que eran propiedad de la finca Pinares.

Sánchez refutó que las guaduas fueron cultivadas por Cortolima, el Ibal y la Alcaldía, y que los funcionarios de estas entidades autorizaron hacer uso de los guadasmos sólo a las personas que alinderaban con el terreno donde estaban cultivadas, más exactamente, en la quebrada La Honda.

Sin embargo, el inspector suscrito sancionó a Sánchez con 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes por incurrir en la falta de daño en bien ajeno, ya que quedó confirmado que los predios donde estaban las guaduas eran propiedad de César Casabianca.

Luego de la tala de las guaduas, cuenta Casabianca que realizó la limpieza respectiva, es decir “esa señora cortó y yo limpié porque no iba dejar ese 'reguero' de chamizos”.

Ante esto, Cortolima reaccionó interponiendo una sanción a través de la resolución 0959 del 29 de marzo del 2010 en la que resolvía declarar como infractores a César Casabianca por la intervención de rocería de especies en zona de protección de la quebrada La Honda, y a María Clara Sánchez por la tala y aprovechamiento de 30 guaduas; las dos acciones realizadas en el predio denominado Pinares y sin el permiso de la autoridad ambiental.

Cada uno fue sancionado con dos salarios mínimos mensuales vigentes, es decir, un millón 30 mil pesos.

A dicha sanción, Casabianca interpuso recurso de apelación porque según él, Cortolima no tuvo en cuenta muchas variables como la queja que él había instaurado ante el inspector rural de Policía, entre otras.

Hasta el momento César Casabianca ha ido de trámite en trámite con Cortolima esperando que, finalmente, la situación de cada uno de los procesos que tiene pendiente desde el 2004, se aclaren.