La Sala disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación, revocó la decisión de archivo ordenada en primera instancia por la Procuraduría Segunda Delegada para la contratación estatal, por el proceso que investigaba las presuntas irregularidades por la actuación de Guillermo Alfonso Jaramillo en su condición de Alcalde, en la celebración del convenio de cooperación del 29 de septiembre de 2016 entre la Corporación Agencia Regional de Cooperación, Arco.

Dicho pronunciamiento se dio luego del recurso de apelación efectuado por Néstor Gregory Díaz, en contra de la decisión proferida el 30 de abril de 2018, quien señalaba que no se tuvieron en cuenta una serie de actuaciones por parte del ente control encargado.

“Esta Sala considera que la Delegada no valoró en debida forma el material probatorio recopilado por la Procuraduría Provincial, como quiera que no se pronunció sobre los hechos denunciados, los cuales abarcaban las diferentes etapas de la contratación realizada por la Alcaldía municipal, esto es, desde antes de la celebración y hasta la ejecución”, se manifiesta en el documento del Ministerio Público.

Además, la delegada al evaluar la indagación preliminar se apartó de los lineamientos establecidos en el artículo 150 de la ley 734 de 2002.

Por eso, dispone se adelante la respectiva investigación disciplinaria con los fines previstos, toda vez que aparecen identificados en los hechos el alcalde Guillermo Alfonso Jaramillo y otros posibles sindicados.

“El adelantamiento de la citada etapa procesal deberá estar encaminada a verificar la ocurrencia de todos los hechos denunciados, incluido el proceso de selección adelantado para la escogencia del contratista, con el fin de establecer si la modalidad de convenio de cooperación escogida se ajustaba o no a las exigencias previstas y normas concordantes vigentes para la época de los hechos”, se lee en dicho documento.

Denuncia

Cabe recordar que el convenio 1501 de septiembre de 2016, suscrito entre la Alcaldía de Ibagué y la Corporación Arco tendría una inversión de 504 millones de pesos y tenía como objeto llevar a cabo la revisión, actualización y la asignación de los estratos en 40 mil predios residenciales de la ciudad.

Sin embargo, fue el presidente del Comité Permanente de Estratificación Socioeconómica de Ibagué, Édgar García Moreno, quien prendió las alertas ante un concepto remitido por el Departamento Nacional de Estadística (Dane), el 21 de octubre de 2016, y en el que se advirtió que no era recomendable firmar este tipo de contratos de actualización de la estratificación con la metodología vigente (tipo 1), debido a la antigüedad de la misma y sus características propias, que arrojarían un resultado que no se ajustaría a la realidad de Ibagué.

Dicho convenio fue suspendido el 27 de octubre y terminado bilateralmente el 28 noviembre de 2017. En su momento, el asesor del Alcalde y abogado, Gonzalo Parra, indicó que la terminación del convenio se dio al no conocerse con exactitud el número de predios a los que se haría el proceso de estratificación

“Sencillamente nos dimos cuenta de que con exactitud no estamos hablando de 40 mil predios, el número no era lo suficientemente claro y preciso, mientras se daba lugar a que fuera menos o que fuera mayor, entonces la Administración consideró que en estos casos es preferible suspender un proceso para que se rehaga y se haga bien”, indicó Gonzalo Parra, en conversación con El Nuevo Día en 2017.