El presidente Santos desconcertó cuando en la cumbre internacional ambiental Río+20 anunció la creación de áreas estratégicas mineras en más de 17 millones de hectáreas en gran parte de la Amazonia. Pero más desconcertante aún, es que esta medida, que según varios expertos puede ser una de las más decisivas para Colombia en materia ambiental en décadas, no contó con la realización de estudios previos en el Ministerio de Medio Ambiente.

Desde que el 20 de junio, Beatriz Uribe, presidenta de la Agencia Nacional de Minería, firmó la resolución que reserva 17 millones de hectáreas en la Amazonia, Orinoquía y Chocó como áreas estratégicas mineras, el Gobierno solo autorizará la explotación a las empresas que cumplan las mejores condiciones técnicas.  En la región amazónica, las áreas están principalmente en Guainía y Vaupés y hay unas pocas en Guaviare y Amazonas.

El viceministro de Minas, Henry Medina y el Ministro de Ambiente, Frank Pearl, contaron a La Silla que el objetivo principal de estas áreas es ponerle orden a la minería para superar el estado anterior en donde cualquiera que presentaba la cédula recibía un título minero, sin importar su capacidad técnica y las condiciones en las que realizaría la exploración y explotación.

Para el Gobierno, se trata de una medida en donde todos ganan: el país, el medio ambiente y la minería porque antes se estaban entregando indiscriminadamente títulos en todo el territorio, incluyendo áreas que requieren una protección ambiental especial como la Amazonia.

“Antes, la puerta estaba abierta para que entrara cualquiera. Ahora tenemos la llave y solo la abrimos cuando veamos las mejores condiciones” explicó a La Silla Medina.

La decisión de un asunto muy polémico
El Viceministro de Minas contó a la Silla Vacía que la iniciativa nació en el Ministerio de Minas y que encontró eco en el Ministerio de Ambiente, y apoyo en el Banco Mundial.

Frank Pearl ratificó que el ministro de Minas, Mauricio Cárdenas, había discutido con él esta idea y otras alternativas, y que luego ambos la habían propuesto al presidente Santos.

En realidad, fue una decisión –desde el punto de vista ambiental- que Pearl apoyó solo. Según pudo confirmar La Silla, en el Ministerio de Medio Ambiente no hubo un debate profundo al respecto.

Tampoco existen estudios técnicos sobre su viabilidad ambiental, ni documentos que muestren un análisis de por qué una reserva minera de este estilo era mejor que otras alternativas.

Esto es sorprendente, porque el debate de conservación y de explotación en la Amazonia no es un asunto de poca monta.

El conocimiento sobre la región es aún muy bajo, pero lo que sí se sabe es que sus ecosistemas y las culturas indígenas son muy frágiles.

La Amazonia es la zona más diversa biológica en el mundo. Junto con los Andes tropicales, suma el 17 por ciento del total de especies del mundo y cuenta con entre el 15 y el 20 por ciento del agua dulce del planeta.

La región también es muy diversa culturalmente. En la Amazonia viven 56 de los 102 pueblos indígenas que hay en Colombia, muchos de ellos con poblaciones muy diezmadas. En la parte amazónica en donde se hará la reserva minera hay 70 resguardos indígenas.

En los departamentos en donde se hará la reserva minera ya existen intereses fuertes sobre los minerales. Hay explotación ilegal de la minería, 48 títulos mineros ya concedidos y 961 solicitudes.

Como además de diversidad biológica y cultural, en su suelo hay minerales muy apetecidos como el oro, el coltán, el hierro y el uranio, ha habido un debate mundial sobre si la explotación minera y la preservación de biodiversidad se puedan compaginar en la Amazonia.

Solo en Colombia, existen, por ejemplo, dos espacios muy importantes dedicados exclusivamente a debatir el futuro de la Amazonia como son Amazonas 2030 y Amazonia Posible y Sostenible  de Cepal.

Esta última ha debatido a fondo cuatro escenarios de futuro de la Amazonia y recomienda el de la conservación con base en conceptos de economistas, juristas y otros académicos.

Por la cantidad de debate que hay respecto a esta región, que el ministro Pearl haya dado su aval a esta reserva minera sin haberlo consultado con nadie ha dejado a muchos expertos estupefactos.

Ambientalistas consultados por la Silla alertan que esta medida tiene implicaciones importantes: abre la puerta a la minería a gran escala en enormes áreas de la Amazonia y genera expectativas en empresas que tengan la capacidad de cumplir con todas las condiciones para ser seleccionadas.  Y no solo en las empresas mineras, sino también de otros proyectos de infraestructura porque una vez comience la fase de explotación, los proyectos mineros a gran escala, por pocos que sean, conducirían a la creación de vías y a la consecuente colonización acelerada y deforestación del bosque.

Además, puede atraer a los grupos armados que ven la minería como botín de guerra. Es lo que ha sucedido en otras regiones.

Todo esto es lo que llevó al exministro de Medio Ambiente, Manuel Rodríguez, a despedirse de la Amazonia en su columna de El Tiempo. Le dijo también a la Silla que con esto, Santos puede “tomar la peor decisión en materia ambiental en los últimos veinte años”.

Para un caso tan sensible como el de la Amazonia, explicó Rodríguez a La Silla, debe darse un tratamiento similar al que se dio en Costa Rica, que prohibió la minería a cielo abierto y le apostó a la conservación.

Los indígenas tampoco están contentos
Para Julio César Estrada de la Organización de Pueblos Indígenas de la Amazonía, los indígenas no están preparados para  la  entrada de la minería a gran escala al territorio. Contó a la Silla que las experiencias que ya se conocen en algunas regiones de Colombia es que con la minería “llegan las rupturas entre la comunidad indígena y  también la prostitución, el alcoholismo y la drogadicción”.

A pesar de que la reserva se traslapa con numerosos resguardos, especialmente en Vaupés y Guanía, no hubo consulta previa. Por ley este es un derecho que tienen los indígenas cada vez que una medida los afecte de manera directa y pocas cosas tendrán más impacto sobre sus vidas que esta decisión.

El Ministerio del Interior consideró que no había que consultar las áreas estratégicas mineras, porque se trata de una mera expectativa de que una mina pueda ser viable y que harán la respectiva consulta cuando exista un proyecto concreto.

Julio César Estrada de la Organización de Pueblos Indígenas de la Amazonía  contó a la Silla que esta medida afecta directamente a los pueblos, porque la mera expectativa minera sí genera impactos en el territorio y en los pueblos, como por ejemplo, atracción de colonización y presencia de grupos armados.

La defensa ambiental y algunas aclaraciones
Frank Pearl defiende la medida. “Allí se congelará, por un período de 10 años, la entrega de títulos mineros”,  dijo en una columna en el Tiempo el fin de semana pasado.

Cuando La Silla le preguntó qué va a pasar con las personas que ya tienen títulos mineros en la Amazonia, contestó: “se pueden olvidar de ellos, porque no serán tenidos en cuenta“. Comparó la situación con quien compra boletas para cine, pero luego no puede entrar porque la puerta ya está cerrada.

Sin embargo, el viceministro de Minas, Henry Medina, dio una explicación distinta. “Los títulos mineros  vigentes se tienen que respetar, porque son derechos adquiridos”, dijo a La Silla. Lo mismo pasa con las solicitudes de títulos –aseguró- que no se pueden dejar botadas, sino que deben tramitarse.

De hecho, las zonas que ya están tituladas en la Amazonia o donde ya hay solicitudes vigentes quedaron por fueras de las áreas estratégicas, lo que quiere decir que las áreas reservadas no son aquellas donde ya se está impulsando la minería, sino otras nuevas.

Lo que va a pasar es que si el solicitante o el titular no cumple los requisitos legales, puede perder su título o la oportunidad de que se lo entreguen. Si esto ocurre, las zonas sobre las que caen los títulos pasarán a ser parte de las áreas estratégicas mineras.

Pearl no le ve problema a que no haya habido estudios ambientales previos para la declaratoria de la reserva minera porque, según explicó a La Silla, el Ministerio de Ambiente tiene la última palabra para aprobar la explotación minera, porque es él el que da la licencia ambiental.

La objeción de algunos ambientalistas consultados por La Silla es que la licencia solo autoriza la explotación. La exploración no necesita el visto bueno del Ministerio de Ambiente. Entonces, las empresas sí podrán entrar al territorio sin que el Ministerio haga un filtro. La exploración por sí misma tiene un impacto ambiental porque implica el movimiento de gente y maquinaria en la zona y también infraestructura para la gente que llegue, pero además, porque las expectativas que genera encontrar oro o coltán le ponen una presión muy grande al Ministerio para que no “frene” el desarrollo.

El meollo del asunto para Medina y para Pearl es un buen control de la actividad minera para lograr la conservación y la minería simultáneamente. “Estamos muy alineados y vamos a ser muy exigentes”, afirmó Medina.

Frank Pearl ha prometido que no se hará minería en todas las 17 millones de hectáreas, sino solo en algunos puntos específicos en esa área que serán estudiados con atención.

Mientras Martin von Hildebrand, director de la Fundación Gaia, que lleva décadas trabajando en la Amazonia, considera que este momento da una oportunidad para reflexionar sobre el futuro de la Amazonia, entre el gobierno,  expertos y personas que tengan interés en este tema, los indígenas de la Opiac están pensando en mecanismos legales para revocar la decisión por no haberse consultado con ellos.

Es posible que ahora sí comience un debate a fondo sobre el futuro de la Amazonia, por lo menos dentro del Ministerio de Ambiente.