Según Lasillavacía.com, “el tema de fondo que se pone sobre el tapete con esta medida del Gobierno es cuál es el salario justo que debería recibir un congresista o un juez de tribunal para garantizar que se pueda conseguir la mejor persona para el cargo y que, además, no se incentive la corrupción. 

“Sin embargo, más allá de esta discusión necesaria sobre la estructura salarial del sector público, la decisión del Presidente de sacar la prima lanza un mensaje muy complicado y es que entre el difícil dilema de complacer a los poderes establecidos o a los ciudadanos prefirió (una vez más) por los primeros.

“No optó por una fórmula de transición o por abrir un debate público respecto de cuál es el nivel salarial óptimo sino por reestablecer una prima equivalente que evitará el plan tortuga del Congreso y un boicot solapado en las elecciones.

“De esta manera, Santos perdió la oportunidad de enviar un mensaje de austeridad. O de abrir un debate sobre rendición de cuentas a la ciudadanía o de mejores indicadores de gestión. Este momento era quizá el oportuno si se tiene en cuenta los niveles históricos de descrédito que han alcanzado las instituciones durante este gobierno.

“(...) La crisis de confianza en las instituciones es total. Y esta prima -sin ningún argumento adicional al legalista de que es un “derecho adquirido”, lo cual ni siquiera es claro dado que el Consejo de Estado y la misma ley dice “que el Gobierno puede crear esas primas y pagarlas cuando las circunstancias lo justifiquen”- no hace sino ahondarla como ha quedado en evidencia en las redes sociales, dice el texto publicado en el portal.

Los que han dicho No

Entre tanto, uno de los primeros en rechazar este pago fue el representante a la Cámara, Iván Cepeda, quien la semana anterior envió una carta a la dirección administrativa de esa corporación en la que solicitaba que se descontara de su salario el valor de las primas, insistió en que no recibirá esa nueva asignación decretada por el Gobierno.

A esta abstención se unieron los senadores Juan Lozano Ramírez y Camilo Romero Galeano, quienes aseguraron que no recibirán un solo peso de este nuevo ingreso.

“No, gracias. No recibiré la prima especial que decretó el Gobierno”, fue el trino del senador Lozano y agregó que “proseguiré con plena independencia crítica y constructiva”, mientras que Romero señaló “no recibiré dinero de prima de servicios” decretada por la Presidencia.

“El objetivo ahora es que la ciudadanía logre derogar el decreto. Un mensaje claro a clase política”, sostuvo.

Gobierno se defiende

El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santamaría, defendió la decisión de crear una nueva prima especial para representantes a la Cámara y senadores. Agregó que el decreto requiere “mucha pedagogía”. 

Según el funcionario, la decisión del Consejo de Estado que tumbó las primas de salud y localización, lo que representaba una reducción de $7.898.445 en los ingresos mensuales de los congresistas, no afecta solo al legislativo sino que tiene implicaciones sobre los salarios de otros altos funcionarios del Estado.

Tal y como lo hizo hace algunos días al conocerse la decisión del Consejo de Estado, Cárdenas explicó que la mayoría de los salarios en el Estado están atados a lo que devengan los congresistas, lo que significa que ningún funcionario público puede ganar más que un senador o un representante a la Cámara. 

Dijo que el decreto, expedido el lunes por el presidente Juan Manuel Santos, evita las dificultades que representa tener que reducir los salarios de casi 2000 servidores públicos. 

Por su parte, el magistrado Alfonso Vargas, presidente del Consejo de Estado, dijo que la decisión de revivir por decreto las primas a los congresistas no constituye un desconocimiento a la decisión de ese tribunal. 

Agregó que se trata de un recurso válido para evitar la crisis que representaría una disminución en los salarios de todos los funcionarios que, tras el fallo, quedaron con una asignación salariar superior a la que corresponde a los legisladores.