Mauricio Jaramillo, candidato a la Gobernación, dijo que pese a haber expresado inconformidades frente al POT, desconoce si existe algún tipo de ilegalidad frente al tramite del acuerdo.

“He manifestado mi inconformidad frente a temas de fondo, pero no tengo ningún elemento de juicio para pedir algo al Gobernador en ese sentido”, indicó.

Sin embargo, advirtió que de encontrar fallas estructurales en el POT, él mismo acudiría al Tribunal Administrativo para que sea revisado el proyecto.

“POT es inconveniente”

Según indicó, hizo unas observaciones sobre la inconveniencia del POT al alcalde Luis H. Rodríguez, quien no las tuvo en cuenta.

“Hace algunos meses hablé al Alcalde, diciéndole que me parecía muy inconveniente lo que se pretendía aprobar; él me dijo que iba revisar el tema con Juan Gabriel Triana (secretario de Planeación), pero nunca me contestó que había decidido al respecto, después resultó aprobándolo por decreto”, subrayó.

Para Jaramillo, el municipio desperdició la oportunidad de regular el precio de la tierra y garantizar a los tolimenses un desarrollo ordenado y lógico y, según él, se terminó favoreciendo intereses particulares en detrimento de los intereses del municipio.

“Creo que el Gobierno municipal, en cabeza de su alcalde, terminó cambiando la vocación a la tierra, a mi modo de ver, de forma irresponsable, porque lo que están generando es un desorden urbano que se pudo haber evitado y controlado”.

“Lamentablemente lo que se ha aprobado explaya la ciudad de tal manera que es imposible ordenarla y va a generar dificultades desde el punto de vista de crecimiento, servicios públicos, movilidad y equipamiento”, agregó.

Crecimiento desordenado

El dirigente liberal fue más allá y advirtió que la ciudad está creciendo de forma desordenada, cuestionando el crecimiento urbano que se está generando en sectores como Picaleña y El Totumo, viviendas que, según dijo, no cuentan con disponibilidad de servicios ni equipamento para soportar ese crecimiento urbano.

“Ibagué tiene un déficit habitacional de 30 mil soluciones de vivienda. En 2000, en la época de Jorge Tulio, se aprobó mil hectáreas en áreas de expansión y cerca de 500 hectáreas en área urbana. Esas áreas de expansión eran innecesarias porque la ciudad no las necesitaba, tanto así que después de 14 años escasamente se han utilizado algo menos del cinco por ciento, es decir algo menos de 50 hectáreas (…) cuando usted tiene una necesidad habitacional de cerca de 30 mil soluciones, estas se pueden construir en máximo 200 hectáreas”, explicó.

Con sus declaraciones, Jaramillo acusó a la Administración local de privilegiar intereses particulares en detrimento de la ciudad, que, según él, perdió la oportunidad de regular el precio de la tierra y hacerse dueña de la misma.

Sugerencia

Por otra parte, dijo haber sugerido al Municipio hacer una modificación a los recursos del empréstito para destinar unos fondos a la compra de tierra rural y convertir los precios rurales en urbanos, para hacer un buen negocio para la Gestora y, de paso, tener tierra propia para regular los precios.

“Lamentablemente, la especulación está causando un grave daño a la comunidad, pues cuanto más costosa se vuelva la tierra, más costosa es la vivienda. Quedamos completamente cercados, porque prácticamente todo lo que está alrededor del municipio cambió su vocación y se sobrevaloraron los precios de esas tierras”, afirmó.

“Yo no le jalo a lo inconstitucional”

A propósito del tema de remitir el POT al Tribunal Administrativo, el gobernador Luis Carlos Delgado Peñón dijo que va a cumplir con la ley, en caso de que el decreto que expidió el POT sea ilegal.

“Ustedes me conocen bien, yo no le jalo a lo ilegal ni a lo inconstitucional, pues eso es lo que me exige la ley. Eso haré una vez conozca los conceptos de la oficina Jurídica del Departamento y los revise con otros sectores jurídicos, firmaré el concepto en una u otra forma”.

También aclaró que no es él quien define el proyecto, sino el Tribunal Administrativo, y que en caso de que existan inconformidades con la decisión, cualquier ciudadano podrá demandar el acuerdo.