En ese sentido, las reformas de impacto social aprobadas en el actual semestre dejan un resultado agridulce.

Las sesiones ordinarias que arrancaron el 16 de marzo pasado y que terminarán en un mes, el 20 de junio, tiene casi a punto de convertirse en ley un proyecto que redundará en beneficio de todos los colombianos que son usuarios de los servicios públicos, y se relaciona con la posibilidad de que en algún momento le suspendan el suministro de los mismos por falta de pago.

A este proyecto sólo le resta la votación en la plenaria de la Cámara de Representantes para ser enviado a la sanción presidencia y así ser convertido en ley. El autor del mismo es el senador liberal Lidio García, quien propuso que en adelante las empresas prestadoras de esos servicios ya no recarguen en sus cuentas a los usuarios lo correspondiente a la reconexión.

García recordó que este es un problema grande que en la actualidad asumen los colombianos de escasos recursos, quienes por diferentes circunstancias se cuelgan en el pago de sus servicios y deben luego conseguir más dinero para recobrarlos.

Este proyecto tiene en el momento el apoyo político de todos los partidos, aunque el mismo signifique un pequeño impacto en los ingresos de las compañías, pero que según el autor de la ley no será mayor en sus balances.

Otra ley que salió y está por ser sancionada, fue la que tramitó el presidente del Partido Conservador, representante a la Cámara David Barguil, y la cual ordena que todas las entidades financieras que operan en el país deberán empezar a reconocer intereses a todos los cuentahabientes, sin importar el monto o las condiciones en que se han pactado la apertura de la cuenta.

Esa es otra ley de alto impacto social porque beneficiará a más de 24 millones de cuentas que tienen los bancos, y que según Barguil la mayoría de ellas, al menos, el 90 por ciento son ahorros que fluctúan en un poco más de 150 mil pesos.

Dicha propuesta además ordenará a los bancos no continuar cobrando gastos de operación o mantenimiento a cuentas que no se usen después de 60 días, o que por dicho periodo no hayan sido utilizadas. Asobancaria, el gremio de los banqueros ha guardado reservas en cuanto a la norma.

Agua, derecho fundamental

No corre la misma suerte el acto legislativo que presentó el senador de la Alianza Verde, Jorge Prieto, quien propuso elevar al rango de constitucional el que el agua pueda ser considerada como un derecho fundamental. El acto legislativo fue aprobado en la Comisión I del Senado y ya empezó a ser debatido en la plenaria de la corporación, pero ha encontrado trabas para ser aprobado.

La enmienda constitucional obligaría a que el suministro del agua a los colombianos se garantizara por el Estado, lo que significaría que los cobros que hacen las empresas de acueducto en el país bajen, es decir, el bolsillo de los usuarios se favorecería.

En la plenaria, el proyecto tiene de ponente a la senadora Claudia López, pero desde la bancada conservadora, en especial, se ha reclamado que ese tipo de reformas no pueda avanzar sin el aval financiero del Ministerio de Hacienda para ver cuál sería el impacto fiscal.

Por el momento el proyecto está suspendido, lo que significaría el primer paso para su hundimiento porque como es una reforma constitucional requiere de 4 votaciones en esta misma legislatura, esto debido a que por términos de tiempo no alcanzaría a su trámite en la Cámara de Representantes.

Un proyecto más que arrancó con gran expectativa, pero que al parecer, no alcanzará a tener su trámite completo es el que dispone una severa regulación para las operaciones estéticas y plásticas.

Este último tomó especial fuerza la semana pasada cuando la periodista Lorena Beltrán denunció el procedimiento que en su cuerpo realizó el médico Francisco Sales Puchini, quien le práctico una cirugía estética en sus senos quedó mal.

Dicho proyecto, que es de autoría del senador Jorge Iván Ospina, está en el orden del día de la plenaria del Senado para el martes, sin embargo, aún le falta su paso por la Cámara de Representantes, lo que significa que no antes de finalizar el año la misma pasaría a sanción del presidente Juan Manuel Santos.

En este grupo de reformas se puede mencionar la que presentó el representante a la Cámara, Hernando Padauí, quien propuso que las EPS no podrán entregarles a los usuarios del sistema medicamentos que no sean originales, de ahí que la misma ley ya tomó el nombre ‘Ley antiibuprofeno’.